Las últimas directrices generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible tienen como propósito el abordar los cambios normativos necesarios para reformar el mercado eléctrico, erradicando la sobreretribución que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías, «cuyos efectos sobre los altos costes de la electricidad en España merece una atención prioritaria».
Este martes ha sido el Consejo de Ministros el que ha tomado en consideración las directrices de esta estrategia, un documento en el que se recogen el núcleo de lo que será la futura Estrategia, que se aprobará durante os próximos meses y que servirá de herramienta del Gobierno para que España cumpla con la Agenda 2030, la hoja de ruta para el desarrollo firmada por los estados miembros de la ONU en 2015.
En dicho documento se hace referencia a la reforma y modificaciones del mercado eléctrico mayorista, cuyo sistema es marginalista, en el sentido de que la demanda se cubre primero con las tecnologías más baratas y después se incorporan, poco a poco, otras más caras, pero al final todas cobran el precio de la última que haya entrado, es decir, el más alto, incluidas aquellas que tienen menor coste en la generación, como la hidráulica y otras renovables.
[predef]espaadiario-631[/predef]
En torno a la diferencia entre el precio de producción y los ingresos obtenidos con la energía en el mercado se les conoce como 'windfall profits' y la formación de Podemos, cuyo secretario general es vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, el departamento encargado de elaborar la Estrategia, siempre ha defendido la desaparición de ese incremento del que disfrutan las compañías eléctricas.
Es una realidad que el precio de la electricidad en estos días en el mercado mayorista tiene un peso de casi el 35 % en la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), un hecho que se refleja de manera clara en el recibo de la luz de los consumidores acogidos a ella.
El Suministro Mínimo Vital
Por su parte, el documento aprobado en el Consejo, explica que se profundizará en los mecanismos para proteger a los consumidores más vulnerables de los cortes de suministro, especialmente por sus condiciones económicas, a través de figuras como el suministro mínimo vital y el principio de precaución.
Las propias directrices de la Estrategia, exponen que también que muy importante aplicar, paralelamente al despliegue de las renovables, criterios de transición justa en las zonas afectadas por el cierre de instalaciones contaminantes.
Así mismo, el documento considera que «el contenido del derecho a una vivienda adecuada no puede desvincularse del acceso a ciertos servicios indispensables para el desarrollo de la vida en condiciones de dignidad, como son el agua o la electricidad».
Otro añadido en este mismo, es que recuerda que, en el año 2019, el 7,7 % de la población no podía mantener su vivienda a una temperatura adecuada, un porcentaje que se elevaba hasta el 25 % en el caso de los hogares situados en el décimo y último escalón de menor renta.
Sus directrices señalan que esto «pone en evidencia la persistencia de situaciones de vulnerabilidad y pobreza energética en nuestro país que aún nos alejan del cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible número 7» (acceso a una energía más asequible y no contaminante ni con efectos nocivos para el medioambiente).
Por último, el documento recuerda que España, pese a las reformas introducidas en los dos últimos años en el mercado eléctrico, «es el quinto país de la UE con la factura eléctrica más cara», por lo que es una cuestión esencial el «intensificar los esfuerzos puestos en marcha para la reducción de la factura eléctrica».