Dos sanitarias con EPIs de protección contra el covid

El Gobierno anuncia un cambio para miles de trabajadores públicos de España

Se compromete a reducir la temporalidad en los sectores con más interinos, como sanidad y educación

Una de las condiciones que pone Bruselas a España para recibir los millones del fondo de recuperación es reducir la temporalidad laboral. Este es uno de los problemas estructurales de la economía española, y además del sector privado afecta también a la administración. El Gobierno se ha comprometido a recortar la temporalidad entre el funcionariado.

Antes de enviar el dinero a España, la Unión Europea quiere asegurarse de que se hacen reformas para mejorar la competitividad del sistema. Por eso el Gobierno ha prometido una reforma del Estatuto de la Función Pública antes de fin de año.

Fuentes del Gobierno confirman la voluntad de resolver el problema de la temporalidad en el sector público. Según datos oficiales, 3 de cada 10 funcionarios son interinos, y esta cifra es mayor en dos sectores clave del estado del bienestar como son sanidad y educación. En sanidad, la temporalidad alcanza el 41%, mientras que en educación es del 29,1%.

¿Aún no nos sigues en Telegram, la nueva mensajería de moda? ¿A que esperas? Tus noticias preferidas al momento en el móvil y gratis! Pincha aquí, TE ESPERAMOS!

Una situación que el Gobierno considera «inaceptable» y que tendrá que resolver cuanto antes. En su respuesta al plan de recuperación del Gobierno de España, Bruselas trasladó esa inquietud: «España tiene un porcentaje muy elevado de trabajadores interinos en el sector público. ¿Cómo va a alcanzar el objetivo de reducir ese porcentaje? ¿Tiene pensado incluir la reducción de la alta tasa de contratos temporales en una reforma general de la administración pública?».

Esta reforma que exige Bruselas se llevará a cabo con la revisión del Estatuto de la Función Pública. Será, según el Gobierno, «a corto plazo, en unos seis meses». La intención es hacerlo de forma escalonada para alcanzar el objetivo final, que es reducir la interinidad al 8% y equipararse al resto de los países europeos.

Temporalidad disparada en las regiones

El ministerio de Política Territorial que dirige Miquel Iceta ya se ha puesto manos a la obra para acometer la reforma junto con el ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas. De hecho, el Gobierno central ya cumple con el techo del 8% que marca Bruselas, pero en las comunidades autónomas se dispara al 38%. 

En algunas regiones, la situación es alarmante. Como Canarias, donde el 56% de los trabajadores de Sanidad y el 45% de los empleados del sector educativo son interinos. Es una situación bastante generalizada en todo España: profesores, médicos y personal sanitario en España encadenan un contrato tras otro sin acabar de conseguir la estabilidad.

Esto tiene un impacto directo en la economía de un país porque reduce sensiblemente la competitividad. Por eso Bruselas insta a España a acometer las reformas si quiere el dinero para relanzar la economía española.

Medidas para reducirla

En España hay cuatro millones de personas con contrato temporal, 600.000 de ellas en la empresa pública. Buena parte de este empleo temporal es la consecuencia de la crisis financiera de 2008, ya que tras el rescate de 2021 y los posteriores recortes aumentó la temporalidad y la inestabilidad laboral, y bajó la calidad de los servicios públicos.

Entre 2012 y 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy cubrió las necesidades del sector público con funcionarios interinos. Como consecuencia, la tasa de temporalidad se disparó. Para corregirlo, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere permitir la temporalidad sólo allí donde las necesidades del servicio lo aconsejen.

El plan del Gobierno pasa por convertir en fijos los contratos temporales sin justificación, y buscar acuerdos con sindicatos y comunidades autónomas para modificar el Estatuto de la Función Pública. El Gobierno estima que estos cambios van a afectar a más de medio millón de familias.

Ahora, el Gobierno tendrá que formalizar la propuesta y enviarla a Bruselas. En diciembre presentó ante la Comisión Europea su plan para empezar a gastar los fondos de recuperación, valorados en 140.000 millones de euros. En enero también remitió la reforma laboral y de las pensiones, clave para recibir los fondos. Bruselas valoró positivamente las propuestas del Gobierno y asegura que España va más avanzada que otros países del entorno, como Italia.