El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes 17 de noviembre una extensión de la moratoria concursal hasta el 14 de marzo del 2021. Fue en abril cuando el Ejecutivo estableció entre las medidas en pleno estado de alarma el aplazamiento hasta el 31 de diciembre de 2020 de la obligación que por ley de presentar concurso de acreedores en los dos meses siguientes al conocimiento de la insolvencia.
Otras medidas dadas a conocer por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, son que los jueces no tramiten, hasta finales de este 2020, las solicitudes de declaración de concursos necesarios, que son aquellas que realizan los acreedores.
Además, Calviño se refería de igual forma a la no tramitación de los incumplimientos del plan de pagos por parte de las empresas con sus respectivos acreedores. En una situación normal, el juez abría un incidente concursal que podía terminar con la empresa en vías de liquidación. Sobre este caso, la moratoria acabó el pasado 31 de octubre y ahora, tras lo comunicado por el Gobierno, se alarga hasta el 31 de enero del 2021.
La razón de la prórroga de la moratoria concursal, «apoyar a empresas solventes»
Calviño ha apuntado que la razón de esta moratoria es «apoyar a empresas solventes, permitiéndoles la reestructuración de su deuda y el refuerzo de su liquidez y solvencia», para reforzar el tejido productivo. «Con estas medidas, los autónomos y las empresas dispondrán de más tiempo para cumplir sus responsabilidades financieras», aseguró la ministra de Asuntos Económicos. La política gallega ha afirmado que se desea proteger a empresas solventes pero que a día de hoy afrontan diferentes problemas por la crisis del coronavirus.
Las medidas que ha comunicado el Ejecutivo tienen el objetivo de desahogar a las empresas y que dispongan de más tiempo para resolver su situación actual, pero no acaban con los problemas de solvencia ni los de liquidez de las mismas.
Por ello, el Gobierno ha cambiado las condiciones generales de los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), aumentando el plazo de amortización de los 5 a los 8 años y crece la carencia (sin pagar intereses ni devolver el préstamo) hasta dos años después.
Asimismo, el Consejo de Ministros celebrado esta mañana ha aumentado desde los 500 millones de euros a los 1.000 millones el nivel límite de valor bursátil que pueden poseer las empresas que cotizan en el mercado bursátil. Con dicha ampliación se quiere conseguir que este mercado, ideado para las empresas de pequeño tamaño y en expansión, sea más idóneo para ellas.
Aprobación de un crédito de 6.000 millones a la Seguridad Social y 2.300 al SEPE
El Consejo de Ministros ha aprobado también un suplemento de crédito de hasta 6.000 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social ante el gasto que han generado las medidas de alivio y protección de aquellas rentas derivadas de la pandemia.
Asimismo, el Gobierno ha aprobado un crédito extraordinario de 2.300 millones de euros para que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tenga la oportunidad de hacer frente al mayor gasto en prestaciones contributivas y subsidios provocados por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y de otras ayudas activas, como es la de los empleados de hogar.
Así lo ha comunicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ha señalado que con esta serie de medidas se garantiza la protección a aquellos colectivos vulnerables.