A pesar de que Unidas Podemos sigue insistiendo en la limitación de los alquileres, el sector inmobiliario rechaza formalmente esta medida, alegando que será contraproducente y que provocará un mayor encarecimiento de los arrendamientos.
Por su parte, el Sindicato de Inquilinos está presionando para que el PSOE acceda a imponer los límites, porque cree que es la forma más efectiva para evitar nuevas subidas de los precios. Entre 2014 y 2019, los alquileres incrementaron 30 veces más que los salarios.
No obstante, en esta ocasión los expertos se han puesto del lado del sector inmobiliario porque aunque reconocen que existe un problema de acceso a la vivienda, cuestionan que imponer límites en el mercado sea el método más efectivo para solucionarlo. De la misma manera, han querido advertir de que si esto fuera así, la persona que saldría más perjudicada sería la propietaria particular del domicilio.
Según los cálculos del Banco de España, el 90% de las viviendas en España están en manos de particulares, el 10% pertenecen a empresas y solo el 1% del stock total de pisos de alquiler son controlados por las socimis —sociedades con carácter mercantil y anónimas— que han sido señaladas por Unidas Podemos.
«A finales de 2019 un 82% de la cartera de las socimis españolas estaba invertido en hoteles, oficinas, locales, centros comerciales y centros logísticos. En cambio, la inversión de estas sociedades en viviendas solo representaba el 11,2% de sus activos, y únicamente suponía el 0,1% del parque estimado de viviendas propiedad de las familias y alrededor del 1% del stock de viviendas principales en régimen de alquiler».
Así, el Gobierno ha reconocido que el mercado está lleno de propietarios físicos y es por este motivo que las asociaciones inmobiliarias han alertado del impacto que tendrían los límites de alquiler en la clase media y no en los grandes fondos de inversión.
Aun así, Unidas Podemos insiste en introducirlos en los Presupuestos, aunque no sería la primera vez que el Partido Socialista consigue esquivar esto.