Con el anuncio de la vacuna de las farmacéuticas Pfizer y Moderna sobre los buenos resultados de efectividad de su vacuna (92% y 94% de efectividad respectivamente) parece que el momento esperado por muchos está más cerca: el inicio del fin de la pandemia. Las vacunas, según los cálculos de los expertos, podrían empezar a llegar a nuestro país entre finales de diciembre y principios de enero del 2021. Y como siempre, esto plantea un nuevo escenario, ya que una gran parte de la población se ha vuelto muy escéptica con respecto a la vacuna del Covid, por la rapidez con la que se ha desarrollado y no tiene claro si se vacunará.
De hecho, según una última encuesta del CIS, el 43% de los españoles afirma que no se vacunará inmediatamente cuando salga la vacuna, algo a lo que obliga a reflexionar sobre si el Estado podría obligarnos a vacunarnos.
Fernando Simón no está a favor de obligar a vacunar, aunque no lo descarta
A este respecto se ha querido pronunciar Fernando Simón, que ha dado alguna pista sobre la deriva que podría tomar el Gobierno respeto a este tema, en sus últimas declaraciones en televisión.
Simón ha defendido que en España «nunca ha hecho falta hacer obligatorias las vacunas y somos una población muy consciente y consecuente de los riesgos a los que nos exponemos y de los beneficios tanto individuales como poblacionales que nos puedan aportar las vacunas», y que espera que no sea necesario llegar a imponer la vacuna por obligación. Y es que muchos expertos coinciden en afirmar que no sería lo más aconsejable, pues podría producir el efecto contrario al que se busca.
«No sé si va a ser necesario hacerla obligatoria, pero yo espero que no lo sea. Es más, no creo que el hecho de hacerla obligatoria vaya a mejorar esas coberturas», ha explicado.
Por lo que se deduce de sus palabras, la obligación de vacunarse es una opción que sí se ha planteado y que preferiblemente se impondrá si no hay más remedio, como última opción, pues es preferible que la población lo haga voluntariamente.
Y es que este controvertido asunto plantea muchas dudas no solo éticas, sino también a nivel jurídico, ¿se nos podría imponer por ley una vacuna?
Lo que dice la Constitución
La Constitución recoge el derecho a la protección de la Salud Pública como también el derecho a la intimidad y privacidad, dos derechos que chocarían frontalmente en este supuesto.
La Ley 41/2002 Básica de Autonomía del Paciente reconoce el principio de autonomía de la voluntad, el derecho de aceptar o de rechazar un tratamiento o actuación sanitaria, pero también, en los artículos 15 y 43 de la Constitución se defiende el derecho a la preservación de la salud y establece que «corresponde a los poderes públicos la preservación de la protección de la salud, a través de medidas preventivas». Ante estos dos derechos, ¿cuál prevalecería?
Los expertos en derecho coinciden en afirmar que cuando se ponen en marcha medidas que suponen privación o violación de los derechos fundamentales, se permitiría lealmente si hay un fin proporcional y legítimo, como es la protección de la población ante una epidemia; por lo que en este caso, sería legalmente posible y el Estado se podría amparar en la Constitución.
De hecho, la ley 22/1980 prevé que las vacunas contra la viruela, difteria y otras infecciones podrán ser declaradas obligatorias por el Gobierno «cuando por la existencia de casos repetitivos de estas enfermedades o el estado epidémico del momento o previsible se juzgue conveniente», lo que podría por analogía, ser declarado de la misma manera con el coronavirus.