La estrategia del Gobierno es clara: las comunidades autónomas tienen instrumentos más que suficientes para aplicar las restricciones sin el estado de alarma. Pero este plan acaba de recibir un duro golpe con la decisión de la justicia de no amparar la limitación de derechos fundamentales, como el toque de queda, a partir de la semana que viene.
El estado de alarma finaliza este domingo, 9 de mayo. El Gobierno se ha negado una y otra vez a prorrogar este instrumento como pedían las comunidades, que siguen luchando para evitar nuevas oleadas de contagios. El escenario que se presenta a partir del domingo arroja mucha incertidumbre, aunque el Gobierno ha transmitido a las comunidades la posibilidad de pedir la autorización de las restricciones a los poderes judiciales.
Una vez más, el Gobierno confía la suerte de las comunidades a la ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública. Sin embargo, la ley no ampara las medidas más restrictivas, como el toque de queda, los confinamientos perimetrales o la limitación de las reuniones sociales. Al tratarse de limitaciones de derechos fundamentales, los gobiernos regionales tendrán que pedir autorización a la justicia.
El Gobierno dio un primer paso el martes al modificar el mecanismo de amparo a la justicia: a partir de ahora, si los tribunales superiores de cada comunidad tumban las medidas, el gobierno regional podrá recurrir al Tribunal Supremo. Tendrán así una segunda oportunidad y, además, la decisión de Supremo creará jurisprudencia para el resto de los territorios.
Todo parecía encajar en el plan de Pedro Sánchez para hacer compatible el control de la pandemia y la progresiva vuelta a la normalidad. Pero la Fiscalía acaba de advertir al Gobierno que no puede limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos sin el estado de alarma: «En base a lo expuesto y a modo de conclusión, no pueden adoptarse medidas limitativas dirigidas a un conjunto indeterminado de personas al amparo de la legislación sanitaria vigente».
Así respondía la Fiscalía del País Vasco a la intención del gobierno vasco de proseguir con el confinamiento perimetral, el toque de queda y la limitación de personas en las reuniones sociales. Su opinión coincide con la emitida por la Fiscalía de Baleares ante la intención del gobierno balear de prorrogar las limitaciones hasta el 23 de mayo. En ambos casos, los fiscales son claros: «No procede autorizar medidas limitativas de la circulación de personas en horario nocturno y tampoco las referentes a reuniones y encuentros familiares en espacios privados, al carecer de cobertura legal».
Leyes demasiado imprecisas
El martes, tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, reiteró que las comunidades «pueden justificar, argumentar y proponer a los tribunales situaciones como el toque de queda y los confinamientos». Pero su opinión choca con la opinión de la Fiscalía, que lo define como «medidas propias de los estados excepcionales». Las fiscalías del País Vasco y de Baleares coinciden en que la ley de medidas especiales y la ley general de sanidad son demasiado imprecisas como para restringir los derechos fundamentales a buena parte de la población.
Fiscalía General avala este posicionamiento, pero matiza que no existe un criterio uniforme para rechazar las medidas en todos los casos. Según su valoración emitida ayer, la solución podría depender en cada caso de la redacción de las solicitudes de los gobiernos y otros elementos específicos. Por lo tanto, su postura no implica que no se puedan aprobar las restricciones, y deja en manos de los tribunales superiores la posibilidad de autorizar o bloquear las medidas solicitadas. Fiscalía prevé que la próxima semana empiecen ya a llegar los primeros recursos al Tribunal Supremo.
Enfado en la magistratura
Pero el plan del Gobierno cuenta con otra dificultad: las críticas de los jueces. Ayer mismo, el Supremo puso en marcha todos los mecanismos para afrontar la avalancha de recursos que prevé que llegarán a partir de la semana que viene. Y lo ha tenido que hacer deprisa y corriendo, de urgencia, porque ningún magistrado tenía noticia de la nueva reforma del Gobierno. Dicen que todo ha sido muy precipitado.
El Tribunal Supremo ha acordado que sea la Sección Cuarta la que se ocupe de los recursos, y se solicitará a los técnicos un informe para saber cómo aplicar el nuevo recurso. Además, se ha puesto en contacto a los presidentes de las salas de los tribunales superiores para agilizar los trámites y que se resuelvan los recursos más rápidamente.
En la judicatura hay un gran enfado por la decisión del Gobierno de volver a dejar la decisión en manos de los jueces. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, sin ir más lejos, ha cargado duramente contra el Gobierno: «Nuevamente se descarga en los jueces la gestión de un problema de índole nacional, grave, como es la pandemia, judicializando la vida pública y subvirtiendo el orden natural».