Primer plano de un cordón policial

Dos familias se pelean en España por ocupar un piso con el cuerpo del inquilino dentro

El inquilino había fallecido y las autoridades se encontraron con personas peleándose en la puerta

Sorpresa la que se llevaron los servicios de Emergencias y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuando acudieron a una vivienda de Alicante tras recibir un aviso de los vecinos de que algo estaba pasando. 

Los hechos ocurrieron este martes, 16 de febrero, en un piso de la avenida Catedrático Soler de Alicante. Los vecinos del inmueble llamaron a los servicios de Emergencias porque veían salir agua por debajo de la puerta del piso, y al intentar llamar al hombre que vivía dentro, no respondía sus llamadas. 

El inquilino del piso, un hombre de 70 años, tenía familia, pero llevaba una vida bastante solitaria, por lo que nadie se dio cuenta de su ausencia. Los Bomberos desplazados hasta el piso entraron en él para recuperar el cuerpo y trasladarlo, pero los agentes de la Policía Nacional que también se desplazaron al lugar de los hechos tuvieron que intervenir por motivos muy diferentes. 

Según informaciones recogidas por 'La información', cuando abrieron la puerta para entrar a recuperar el cuerpo, los agentes tuvieron que separar a dos familias que estaban discutiendo a empujones para okupar el piso, con el cadáver todavía en el interior y los vecinos recriminándoles su actitud. 

El piso, que es de Protección Oficial y está gestionado por la Generalitat Valenciana, estuvo custodiado por los agentes de la Policía hasta que se encargó y colocó una puerta blindada para evitar que fuese ocupado. Una de las familias que quería quedarse con el piso incluso llegó a enseñar un certificado de empadronamiento de la abuela, con la intención de reclamar sus derechos para quedarse con la casa. 

Desde la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) afirman que es habitual que se den casos de ocupación ilegal en viviendas de protección oficial gestionadas por la Generalitat, que son unas 14.000 en toda la comunidad y unas 500 solo en el barrio de Miguel Hernández de Alicante. Aun así, admiten que el episodio vivido el martes supera cualquier expectativa. 

El director general de la entidad, Alberto Aznar, explica que «se ve que cuando ha llegado la ambulancia y se ha conocido que una persona había fallecido y la vivienda podía quedar vacía, ha habido personas merodeando y se han puesto a buitrear. Intentamos ser lo más diligentes que podemos, pero llega un momento en que, aunque tabiquemos o pongamos puertas blindadas, lo revientan y entran».

El mal olor que salía del edificio, ya que el hombre llevaría unos 10 días fallecido, no fue impedimento para que las dos familias se peleasen en la puerta de la vivienda para entrar. Fuentes policiales han informado que «se estaban peleando, empujándose, aunque no se han llegado a agredir, para okupar el piso. Se ha custodiado hasta que llegó un inspector de la Entidad de Vivienda y se ha hecho cargo».

Los vecinos se quejan de que cada vez hay más situaciones de este tipo

La entidad aclara que ahora, tras conocerse la muerte del inquilino, el procedimiento base para este tipo de casos es reparar el piso que se ha quedado vacío y adjudicarlo a una familia que cumpla los requisitos y criterios para quedárselo, analizando las necesidades sociales de familias de la zona que se encuentren en situación de vulnerabilidad. 

Si el piso es ocupado durante este tiempo, que puede llegar a alargarse hasta tres meses hasta que se regulariza la situación, el protocolo es desalojarlo y entregárselo a la familia elegida para tal fin. 

En el barrio, los vecinos explican que este tipo de situaciones se ha vuelto habitual en los últimos tiempos y que cada vez son más frecuentes. Cerca de la vivienda en la que ocurrieron estos hechos, un inquilino ha explicado que en su edificio hay «cinco legales y el resto ilegales», refiriéndose a sus vecinos. 

Por su parte, la Asociación de Vecinos Sol d'Alacant ha explicado, por parte de su presidente, Lisardo Gabarre, que este tipo de conflictos no son tan habituales, ya que desde el 2015 hay en marcha un programa para regularizar a familias en situación vulnerable y que se desarrolla con la colaboración de la Generalitat Valenciana.