El sevillano Antonio Carrero tenía 27 años y era soldado de infantería del Ejército español. El 18 de mayo de 2018 perdió la vida cuando volvía de una misión en Mali. Su caso llega ahora al Tribunal Supremo, donde su familia pide saber toda la verdad del accidente.
La víctima había ido al continente africano en una misión de adiestramiento de las Fuerzas Armadas de Mali. Durante el viaje de regreso a su base, el vehículo en el que viajaba se cruzó con un autobús y volcó. El joven soldado murió como resultado del accidente.
Su familia siempre atribuyó la muerte de Antonio a una negligencia de los mandos del Ejército. Creen que el vehículo en el que iba tenía fallos técnicos, y piden esclarecer todas las responsabilidades. Por eso impulsaron una larga batalla jurídica.
El caso ha llegado ahora hasta el Tribunal Supremo, que tendrá que dictaminar si se trató de un accidente o de una negligencia. Los familiares de Antonio creen que el accidente fue causado por el estado del vehículo, y responsabilizan a los altos mandos.
Los argumentos de la familia
El bufete Osuna Abogados, representante de la familia del soldado, explica que el vehículo había pasado la ITV en octubre de 2017 en Pruvia (Asturias). El resultado fue desfavorable por “defectos graves” en los frenos, la dirección, los ejes, las ruedas y la suspensión.
Desde su matriculación en 2008, el coche no había pasado ninguna inspección técnica. Y a pesar de las deficiencias encontradas, no fue reparado y se envió a la zona de operaciones. Eso habría puesto en peligro a los soldados que lo utilizaron y habría provocado el siniestro.
Según el escrito de la acusación, el vehículo no llevaba los neumáticos adecuados, sino otros que no soportaban tanta carga ni tanta velocidad. Además, antes de regresar a la misión, Antonio y su compañero comunicaron a sus superiores que estaban agotados.
La misión especial en Mali les había dejado muy cansados y no se veían preparados para un viaje tan largo. Los mandos al cargo ignoraron su petición y sustituyeron al conductor por un novato con menos de un año de experiencia.
No cumplieron con su obligación
Con todos esos indicios, la familia del soldado Carrero vio motivos más que suficientes para exigir responsabilidades penales. La acusación se acoge al artículo 77 del Código Penal Militar para acusar a los mandos de un presunto delito contra la eficacia del servicio.
Los acusados son aquellos que no cumplieron con su obligación de solucionar los defectos detectados en la Inspección Técnica del Vehículo. También los que enviaron el automóvil a la zona de operaciones. Y finalmente, los que ordenaron la conducción a un novato.
El recurso presentado por la familia de la víctima ante el Tribunal Supremo pide que se identifique a las personas que no cumplieron con su deber. Y exigen una nueva prueba pericial para evaluar las condiciones del vehículo y su posible implicación en el siniestro.
Quieren un perito imparcial
La última inspección fue realizada por personal no catalogado para ello y sin imparcialidad. Fueron militares que dependían laboralmente de la administración implicada en los hechos. Por eso, ahora la familia pide un perito independiente e imparcial.
Para evitar pagar la indemnización a la familia, la aseguradora echa balones fuera y atribuye la culpa al autobús. Pero las dificultades burocráticas en Mali hace casi imposible pedir responsabilidades a la aseguradora del autobús.
La familia de Antonio Carrero mira con esperanza hacia el futuro. La llegada del caso al Tribunal Supremo es un paso importante para esclarecer el caso. Quieren que se haga justicia y poner fin a la situación que llevan viviendo desde hace más de tres años.