El Gobierno de Pedro Sánchez está ultimando una armonización fiscal que pretende igualar lo que pagan los ciudadanos de todas las comunidades autónomas en determinados impuestos cuya gestión cae íntegramente en ellas.
Se trata de los impuestos de Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, que al depender al 100% de las comunidades autónomas, cada una aplica las bonificaciones o exenciones que cree conveniente. Esto lleva, por ejemplo, a que los jóvenes asturianos de hasta 30 años sean los que más pagan si reciben una herencia de 800.000 euros, con casi un 13% del total (103.155 euros), mientras que en otras regiones lo que están obligados a pagar es prácticamente cero (en Madrid, por ejemplo, 1.586 euros).
Esto es lo que el Ejecutivo de Sánchez quiere atajar, y lo que a priori parecería una buena noticia por el hecho de que todos los españoles acaben pagando lo mismo, para algunos supondrá un palo porque les tocará pagar más por algo por lo que, hasta ahora, casi no pagaban.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha justificado esta 'armonización fiscal' en el objetivo de no dejar «vacíos de contenido» algunos tributos. Ha explicado además que en ella trabajará un comité formado por hasta 17 expertos y que tiene casi un año para presentar sus conclusiones, hasta el 28 de febrero. Aun así, la idea que maneja el Ejecutivo es que algunas de las ideas que propongan se puedan ir anticipando antes del 2022 para que el Gobierno pueda incluirlas en los Presupuestos de ese año.
Ramón Casero, profesor de Derecho Tributario de la Universidad Comillas-ICADE, explica que «Llevamos muchos años discutiendo sobre la financiación. Primero era el Estado el que transfería el dinero a las comunidades; luego, se cedieron algunos tributos con base al principio de corresponsabilidad porque se entendía que las regiones debían ser responsables de sus políticas de gastos e ingresos. En 2014, ya se planteó esa armonización, pero no se volvió a hacer nada hasta ahora», y cree que la causa de esta falta de actuaciones se debe a la ausencia de «voluntad política».
Impuesto de Patrimonio
La reforma del impuesto de matrimonio va dirigida, especialmente, a Madrid, donde sus ciudadanos no tienen que pagar nada por lo que poseen, a diferencia de otras comunidades, tal como explican desde '20 minutos'.
El informe 'Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2021' habla incluso de diferencias de más de 1.100 euros entre distintas comunidades, lo que genera fuertes desigualdades entre los españoles en función del lugar donde residan.
Así, por ejemplo, el citado medio recoge la hipótesis de que un ciudadano tenga un patrimonio valorado en 800.000 euros. Quitando los 300.000 euros se quedarían exentos por la vivienda habitual, un ciudadano aragonés paga 1.164 euros de impuestos por ese patrimonio, mientras que un riojano paga únicamente 50 euros y en Madrid no se paga nada si el total patrimonial no supera el millón de euros.
Impuesto de Sucesiones
Algo parecido ocurre con el impuesto de Sucesiones, es decir, lo que tiene que pagar una persona que recibe una herencia. En este caso, los ciudadanos de Galicia y Andalucía son los que ahora mismo no pagan nada si reciben una herencia por debajo del millón, mientras que los cántabros no pagan si pertenecen a los denominados grupos 1 y 2, es decir, una herencia de padres a hijos o entre cónyuges.
Madrid, Murcia y Extremadura también tienen una tributación casi irrisoria, con un 1% del total de la herencia a pagar. En cambio, en Asturias se paga el 13% del total de la herencia recibida, mientras en Castilla y León el porcentaje es algo superior al 10%.
Esto significa que si una persona de menos de 30 años recibe una herencia de 800.000 euros, en Asturias tendrá que pagar 103.135 euros para cobrarla mientras que en Madrid solamente pagará 1.586 euros.
Impuesto de Donaciones
De nuevo, Cantabria y Andalucía figuran con las comunidades con más exenciones en el Impuesto de Donaciones, ya que en la región cántabra no se paga nada cuando se reciben grandes cantidades, mientras que en Andalucía, Madrid, Murcia o La Rioja se paga solamente un 1%.
Si una persona menor de 30 años recibe una donación de 800.000 euros de sus padres, para comprarse una casa, por ejemplo; en Castilla y León y Extremadura se vería obligado a pagar más de 200.000 euros, mientras que en Madrid se paga 'solamente' 2.000 euros. La diferencia, en este caso, es abismal.
Andalucía, Galicia, Cantabria y La Rioja, los más perjudicados por la reforma
Viendo los datos anteriores, todo indica a que Andalucía, Madrid, Galicia, Cantabria y La Rioja estarán entre las comunidades más perjudicadas por la armonización fiscal, ya que sus ciudadanos tendrán que pagar más por unos impuestos por los que ahora pagan poco o directamente nada.
No está claro, todavía, en qué nivel se quedarán los impuestos, por lo que es difícil prever qué comunidades se verán beneficiadas por la reforma, si es que lo son. En el caso del impuesto de Sucesiones, por ejemplo, Asturias tiene el porcentaje más elevado de pago, del 13%, pero no está claro si se verá beneficiada de la reforma porque el Gobierno podría elevar al 13% la cuota a pagar en todo el país, así que en este caso se quedarían igual.
Aun así, con la reforma se espera que se busque una especie de término medio, por lo que lo más probable es que los que más paguen, acaben pagando menos; y los que ahora pagan menos empiecen a pagar más.
País Vasco y Navarra quedan al margen
El caso del País Vasco y de Navarra es distinto porque estas comunidades cuentan con un concierto fiscal propio que les da plena potestad para seguir decidiendo sobre estos impuestos. «La propia Constitución recoge esta independencia de los territorios forales. Están excluidos de la reforma fiscal porque tiene su régimen propio de concierto», explica Ramón Casero.
Su situación no es nueva, ya que desde el siglo XIX están bajo este tipo de derechos forales que les permite recaudar prácticamente todos los impuestos del Estado, a excepción de los derechos de importación y gravámenes a la importación en los impuestos especiales y el IVA.
Esto facilita que estas comunidades puedan ofrecer ventajas fiscales a sus trabajadores y a las empresas que decidan instalarse allí, especialmente a través del impuesto de Sociedades y el IRPF.
Una vez recaudados los impuestos, los gobiernos de estas dos regiones transfieren a las cuentas del estado el denominado 'cupo' (en el caso vasco) o 'aportación' (en Navarra), lo que viene siendo una parte de esa recaudación en concepto de los gastos generales que el Gobierno central asume en esos dos territorios, como podrían ser las infraestructuras o las competencias en Defensa.
En estas dos comunidades, entonces, los impuestos mencionados no se verán afectados y serán los gobiernos regionales los que decidan si en algún momento quieren modificarlos.