Ambulancia en la puerta de urgencias

Una española se lanza al vacío tras escuchar qué le dijeron los médicos

La mujer tenía 83 años

La eutanasia   ha reabierto un debate  en nuestro país tras el suicidio de una mujer en Zaragoza.

El pasado sábado, la anciana de 83 años de edad se lanzó al vacío desde su casa ante la imposibilidad de tramitar su derecho a una muerte digna.

Su nombre era Emilia y acabó siendo víctima de un sistema sanitario y administrativo que no atendió su petición a tiempo.

La mujer llevaba meses reclamando ante sus médicos su derecho a morir dignamente, reconocido jurídicamente tras aprobarse recientemente la Ley de Regulación de la Eutanasia.

La mujer de 83 años que se suicidó en Zaragoza tras no conseguir la eutanasia

Pese a solicitar la tramitación de la  eutanasia en varias ocasiones, la mujer tan solo recibió como respuesta el "silencio total" por parte de su médico y de su centro de salud. Concretamente, "90 días de silencio administrativo".

Según consta en la denuncia presentada por la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), la anciana "cumplía los requisitos para pedirla", ya que sufría un gran deterioro físico desde hace años.

Un hombre sujeta la mano de una mujer en la cama del hospital
La mujer sufría dolores crónicos y estaba en cama desde hace tres años. | iStockPhoto (Kieferpix)

Emilia padecía una luxación de cadera congénita con secuelas crónicas que le impedían llevar una vida normal.

Su problema no tenía cura y desde hace tres años la mujer estaba postrada en una cama sin posibilidad de levantarse ni salir a la calle. No tenía ninguna autonomía y requería de los cuidados continuos de un familiar.

Hombre sujetando mano de mujer en cama de hospital
La asociación estaba al corriente de la situación que vivía Emilia  | Getty Images

Además, los dolores que padecía eran constantes y muy fuertes, provocándole un sufrimiento y una agonía prolongada en el tiempo. Tanto así que la mujer "había intentado suicidarse dos veces", según consta en la denuncia.

Se suicidó mientras esperaba la tramitación de su solicitud de eutanasia

Con la entrada en vigor de la nueva ley, la anciana tenía la esperanza de hacer realidad su deseo de tener una muerte digna.

Fue a principios de julio cuando Emilia presentó por primera vez la solicitud a su médico de cabecera, que se negó a tramitarla.

Se trata de una situación legal que se puede dar debido al derecho que tiene cualquier médico a la objeción de conciencia, tal y como insisten desde la asociación DMD.

Un sanitario con una jeringuilla en las manos
La objeción de conciencia de los médicos no debe ser un obstáculo para tramitar la petición de eutanasia de una persona. | Pixabay / Dimhou

Sin embargo, también hacen hincapié en la obligación que tienen desde la administración de ofrecer una solución y buscar otro especialista que se haga cargo del caso. Algo que nunca le sucedió a Emilia, a pesar de que su familia incluso llegó a ponerse en contacto con gerencia.

Supuestamente, su caso iba a ser tramitado por "un comité evaluador" que nunca llegó a configurarse ni a ponerse en contacto con ella.

Los obstáculos que tuvo Emilia para solicitar una muerte digna

Debido a la infinidad de trabas administrativas y obstáculos que tenía a su paso, "Emilia no pudo más" y se tiró por la ventana de su casa, según denuncian desde la asociación.

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha reconocido que el "fallo está en el retraso en el procedimiento de adjudicar un médico responsable".

Según recoge La Vanguardia, la administración ha "apartado de sus funciones a la persona responsable de la tramitación en tiempo y forma de los expedientes de eutanasia" en el área sanitaria de la anciana.

Además, se han comprometido en extremar la vigilancia para que se cumplan correctamente los plazos de la ley de la eutanasia. Una situación que, en ningún caso, servirá para evitar el trágico final de Emilia, que se merecía una muerte digna.

La familia de la mujer está completamente devastada. Ahora solo esperan que su caso sirva para evitar el boicot de la administración y algunos profesionales sanitarios a un derecho recogido en la ley.