España cuenta, según datos de la Asociación Europea de Biogás, con 204 plantas de gases renovables y sólo 3 inyectan biometano a la red de gas natural, por lo que figura 'a la cola' en cuanto a kilowatio/hora anual de gases renovables, una situación que «no se corresponde con nuestro potencial», ha explicado hoy el profesor emérito de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña, Xavier Flotats.
Los gases renovables se obtienen a partir de materias primas y fuentes sostenibles como los residuos orgánicos, forestales o agrícolas que son transformados en biogás, lo que da lugar al biometano y cuentan con ventajas como la flexibilización del sistema energético, pues «permite la integración con la energía eléctrica, almacenable en forma de gas para cubrir las demandas de energía o volver a tranformarse en electricidad», ha asegurado.
«Disponemos de tecnología y capacidad de desarrollo para impulsar esta energía sostenible que ayuda a reducir los gases de efecto invernadero (GEI) y gestionar la transformación de residuos de materias primas en recursos», ha insistido hoy Flotats.
Hace falta impulsar esta energía ya que reduce las emisiones de GEI hasta unos 35,9 millones de toneladas de CO2 anuales, una cifra comparable a los 34,2 millones de toneladas de absorción por parte de la superficie forestal española en 2017.
Clave: impulsar las energias renovables
Flotats ha pedido a la Adminsitración que marque «una regulación y una estructura global» adecuadas para diseñar planes cohesionados con todos los agentes del sector, fijando «lo más importante: un objetivo a largo plazo que permita crear una guía generadora de confianza para visualizar hacia dónde vamos».
En ese sentido, insiste en la coordinación entre los ámbitos de autosuficiencia energética, la lucha contra el calentamiento global, la gestión de residuos y el desarrollo rural para impulsar un trabajo conjunto que permita una mayor implantación de esta energía renovable.
En su opinión, «el futuro es el gas renovable por lo que su expansión no admite demora ya que un apoyo poco decidido haría que España perdiera competitividad respecto a otros países más avanzados en esta materia como Dinamarca, Francia o Alemania y pondría en riesgo la viabilidad de los objetivos de descarbonización energética».