Juan Francisco López Ortiz tenía 43 años, era cocinero y vivía en China, pero había vuelto unos días a España para visitar a su madre gravemente enferma. Era el vecino del primer piso de los abuelos de Laia, una niña de 13 años, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). El 4 de junio de 2018 la metió a empujones en su casa, la violó y la asesinó brutalmente.
Hoy arranca en la Audiencia de Barcelona el juicio por la muerte de la pequeña Laia. Juan Francisco alega que estaba bajo los efectos de las drogas y el alcohol, pero los informes forenses lo niegan y tanto Fiscalía como acusación particular piden la prisión permanente revisable, más diez años por agresión sexual.
Laia tenía 13 años, era de procedencia china y había sido adoptada con 14 meses. Sus vecinos la recuerdan como una niña muy inteligente y siempre con una enorme sonrisa en la boca. El día de los hechos, un lunes, Laia había pasado la tarde con sus abuelos en el segundo piso del número 26 de la avenida Cubelles. Sobre las 18.50 se despidió. Abajo en la puerta le esperaba su padre, Jordi Alsina, para llevarla a casa.
Pero nunca salió del portal. En el trayecto del segundo piso hasta la calle fue raptada por el vecino del primero, Juan Francisco López Ortiz. En aquellos momentos, Juan Francisco estaba solo en el piso de sus padres, ya que su madre estaba en el hospital y su padre había ido a visitarla. La mujer falleció aquella misma madrugada.
Aprovechando el momento, Juan Francisco metió a la niña a empujones en su vivienda, le tapó la boca con las manos para acallar sus gritos y le pasó una correa de perro por el cuello. Su intención era, según confesó, «satisfacer un perverso deseo sexual». El informe del Fiscal detalla que cogió un cuchillo de cocina y se lo clavó en la espalda, el tórax y el cuello sin dejar de presionar la correa y ahogarla con las manos en la garganta. La niña sufrió también una hemorragia en la zona genital, y en pocos minutos falleció.
Según el informe del fiscal, la sorpresa del ataque y la envergadura del agresor no dieron a Laia ninguna opción de defenderse. Añade que el asesino actuó «con la buscada y añadida satisfacción de causarle el mayor sufrimiento posible», muestro de lo cual son los múltiples golpes en la cara, la mandíbula, el cuello, el tórax, los brazos, la cadera y las extremidades.
Una búsqueda agónica
Tras cometer su fechoría, Juan Francisco escondió el cuerpo de la niña bajo un colchón, con la esperanza de que nadie la encontrase. El padre de Laia la esperaba en el coche, pero al ver que no salía se acercó al portal para comunicarse con los abuelos. Estos le confirmaron que hacía rato que había salido de su piso, así que el hombre inició una primera búsqueda de la menor.
Tras hacer el camino de vuelta a casa y no encontrar ni rastro de ella, Jordi pidió ayuda a sus familiares y pidió colaboración en redes sociales. Después de buscarla un buen rato llegaron a la conclusión de que la niña no había salido del edificio, y fueron unos tíos los que con ayuda de la policía empezaron a llamar a las puertas de los vecinos.
Al llegar al primer piso, Juan Francisco tardó en abrir y salió con una toalla. Dijo que se estaba duchando y que no sabía nada de la niña. La búsqueda continuó en el exterior del edificio, pero los tíos de Laia sospechaban del vecino del primero y volvieron a llamar a su puerta. Esta vez, Juan Francisco se mostró más nervioso y dijo algunas incongruencias, así que decidieron entrar en el piso por su cuenta.
El horrible hallazgo
Uno de ellos se quedó con el sospechoso en la puerta, mientras el otro entró a revisar las habitaciones. Todas estaban abiertas excepto una, que permanecía oscura y con un colchón fuera de lugar. Al levantarlo vieron el cuerpo de la menor sin vida y dieron la voz de alarma a la policía que detuvo al sospechoso. Entre la desaparición de Laia y el hallazgo del cadáver no pasaron ni tres horas.
Jordi y Sonia, los padres de Laia, y su hermano Guillem, siguen a día de hoy en tratamiento psicológico. Los padres estaban separados, pero mantenían una excelente relación y tenían la custodia compartida. Fiscalía pide 150.000 euros de indemnización para ellos, y además quiere que el ADN de Juan Francisco López Ortiz quede grabado en la base de datos de la policía para que nunca más vuelva a cometer una monstruosidad igual.