El escándalo por el documento secreto que demuestra que el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos fue cesado por motivos políticos sigue coleando, y amenaza con causar un incendio en Interior que puede acabar afectando al Gobierno si se demuestra que la decisión contradice las órdenes de la jueza de instrucción.
El documento que puede poner en jaque el Gobierno de Pedro Sánchez es una carta firmada por la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y remitida a Interior, en la que justifica el cese del jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por «no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento».
La carta fue enviada al ministerio del Interior el domingo 24 por la noche y firmada por el secretario de Estado de Seguridad para hacer efectiva la destitución. Interior alega que se requería sólo la comunicación de las actuaciones, no la información contenida en el informe, y que en todo caso esa información ya había sido filtrada anteriormente.
Tras hacerse pública la carta de Gámez, PP, Ciudadanos y Vox han pedido la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, porque creen que demuestra no sólo que cesó a De los Cobos con fines políticos sinó que, además, contradijo las órdenes de la jueza de instrucción, Carmen Rodríguez-Medel, sobre el secreto de las actuaciones.
Rodríguez-Medel está al cargo de la investigación sobre la posible responsabilidad penal de miembros del Gobierno por la autorización de las concentraciones del 8-M en plena pandemia del Coronavirus, y las órdenes de esta jueza que ahora trascienden dejan al ministerio de Interior en una situación aún más difícil que hace unas horas.
Porque según se acaba de conocer, la jueza exigió de forma verbal y por escrito en resoluciones del juzgado y en una comunicación directa al ministerio, «rigurosa reserva» sobre el resultado de las pesquisas concretas de los agentes del instituto armado y sobre su evolución.
Responsabilidades penales
En una providencia hecha pública el mismo día del cese del coronel, la jueza exige a la Policía Judicial que «deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y el resultado de las concretas investigaciones que les hubiesen sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan».
Según los partidos de la oposición, el documento clasificado como «reservado» en el que Gámez justifica el cese del coronel, y las resoluciones de la jueza de instrucción, avalan la teoría de que el Gobierno destituyó al coronel por no haber accedido a una petición presuntamente ilegal y actuó en contradicción con las órdenes de una jueza.
Por eso acusan al ministro del Interior y al Gobierno de Pedro Sánchez de querer utilizar a la Guardia Civil para su propio beneficio político, y de violar uno de los principales principios de la separación de poderes.
El horizonte político, y quizás judicial, del ministro y el Gobierno se complica, ya que la propia magistrada se dirigió a Interior para advertir de que no cumplir sus instrucciones podía generar «correcciones disciplinarias» y «responsabilidades penales», y que consideraría cualquier vinculación del cese con el desarrollo de su instrucción como un ataque a su función.