El cese fulminante el pasado 24 de mayo del jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska,horas después de que el coronel se negara a entregar información sobre la investigación a miembros del Gobierno por la autorización de las concentraciones del 8-M, levantó todo tipo de sospechas.
Muchos acusaron al ministro de haberlo cesado por motivos políticos, algo que este negó y se limitó a decir que era por «falta de confianza». Ahora sale a la luz un documento confidencial en el que la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, reconoce por escrito que el mando fue relevado por «no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento».
Esta es la propuesta oficial de destitución de Pérez de los Cobos que consta en un documento clasificado como «reservado» y que desmonta la versión ofrecida hasta ahora por el Gobierno y retrata a la cúpula del ministerio del Interior.
En pleno escándalo por el cese del coronel y las acusaciones de intentar utilizar al cuerpo con fines políticos, el ministro se limitó a decir que se trataba de una simple reestructuración, pero en esta carta Gámez justifica la sustitución de Pérez de los Conos por la «pérdida de confianza de esta Dirección General y del Ministerio del Interior».
María Gámez, que es la autoridad competente para proponer el cese de un mando según la Ley de Personal de la Guardia Civil 29/2014, expone también la razón la pérdida de confianza: haberse negado a «informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial».
La directora del cuerpo envió la propuesta del cese al ministerio del Interior las 22.14 horas del domingo 24 de mayo, según consta en el documento, que fue inmediatamente firmado por el secretario de Estado de Seguridad del ministerio para hacer efectivo el cese. Esto confirma que cuando Gámez llamó a Pérez de los Cobos ese mismo día a las 22.30, para reprocharle que no hubiera dado la información, el coronel ya estaba destituido.
Filtraciones interesadas
La nota pone ahora al Gobierno en una situación muy comprometida, porque no sólo prueba la relación del cese con el caso del 8-M, sinó también que el coronel fue destituido por negarse a cumplir una orden presuntamente ilegal en tanto que los agentes que trabajan en funciones de Policía Judicial tienen la obligación de mantener el secreto de las actuaciones.
Al solicitar por escrito la destitución alegando haberse negado a informar de una investigación en curso, la actuación de María Gámez y Fernando Grande-Marlaska atenta frontalmente contra uno de los principios básicos de la separación de poderes.
Sin embargo, el ministerio del Interior matiza que lo que indica el documento es que el cese se produjo por una pérdida de confianza debida, entre otras cosas, al incumplimiento del procedimiento de comunicación de actuaciones, a los solos efectos de conocimiento, y que en todo caso el motivo principal se enmarca en el proceso de remodelación del cuerpo.
Además, el ministerio dice que esta carta acredita que ni conocían las actuaciones ni tuvieron acceso al informe, y que sin embargo este informe fue objeto de filtraciones antes incluso de que las partes personadas en el proceso tuvieran acceso al mismo.