«Sabemos quién mató a Diego y sigue cobrando su sueldo de policía». Es la certeza con la que viven los familiares de Diego Bello Lafuente. El surfista español murió tiroteado con 32 años en la isla de Siargao, en Filipinas, el 8 de enero de 2020.
Un año y medio después, sus allegados siguen buscando justicia para un caso convertido en un montaje policial. Creen que murió asesinado por policías. El Gobierno español ha pedido a Filipinas que investigue, pero de momento lo único que hay es silencio.
Los hechos se remontan a enero del año pasado. El surfista gallego regentaba un bar de copas, un restaurante y una tienda de surf en la mencionada isla filipina. Sus locales eran competencia directa de los negocios del gobernador provincial.
Poco antes de los hechos, el jefe de la policía fue relevado por un amigo del gobernador. La nueva cúpula preparó las pruebas para hacer pasar al joven español por un narcotraficante. La noche del 8 de enero, los policías a su mando llevaron a cabo el plan de ejecución.
Cómo sucedieron los hechos
El gallego había estado con unos amigos en un local hasta la una de la madrugada. Así lo atestiguan las cámaras del local, en cuyas imágenes aparece sin riñonera ni mochila. Esto contradice la versión oficial de la policía.
Al llegar a su casa y bajar de la moto, el joven fue acribillado a balazos sin mediar palabra. Los testigos aseguran que no le dieron el alto ni escucharon gritos antes de los disparos. Su cadáver apareció tiroteado detrás de un muro, con una pistola y una riñonera con cocaína.
La novia de Diego lo vio todo. Según explica, se oyeron unos disparos, siguió un silencio, y luego unos tiros más. Cree que los segundos disparos corresponden a la intención de la policía de disparar el arma con la querían incriminar a la víctima.
Querían hacer creer que Diego había disparado la pistola que encontraron al lado de su cadáver. Pero el cuerpo fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Madrid, y no hallaron restos de pólvora en sus manos.
Un ajuste de cuentas
Al menos uno de los disparos fue realizado a corta distancia y con el cuerpo de la víctima en el suelo. Diego no había consumido sustancias estupefacientes en los últimos meses. Todos esos indicios llevan a la conclusión de que la policía ejecutó al joven a conciencia.
La teoría más sólida establece que la de Diego fue una muerte por encargo. El gobernador provincial habría ordenado al nuevo jefe de la policía la liquidación del empresario, cuyo éxito amenazaba sus beneficios en la zona. Luego se orquestó todo el montaje.
Diego murió en la plenitud de la vida
Diego era un joven emprendedor que había perseguido su sueño lejos de casa. Encontró en Filipinas una tierra de oportunidades. Con un carisma desbordante, consiguió abrirse camino en su nuevo hogar sin demasiados problemas.
Era ese tipo de personas que llegan a un lugar y las cosas empiezan a ir bien. Era atractivo, inteligente y enérgico. Contagiaba optimismo a su alrededor, por ejemplo entre los 25 empleados que tenía a su cargo.
De pronto, sin quererlo ni beberlo, se encontró en la lista de los traficantes más peligrosos del país. El Gobierno de Rodrigo Duterte lleva a cabo una cruzada contra los narcos. Este fue el pretexto ideal para organizar la coartada de su ejecución.
La organización de Derechos Humanos de Filipinas apoya la teoría de que Diego fue objeto de un montaje policial. Intentan demostrar que los documentos que le incriminan son falsos. «Todo apunta a una ejecución sumaria», aseguran.
Pero el caso ha quedado enterrado bajo una montaña de expedientes. La Xunta de Galicia ha pedido recientemente al Gobierno de Pedro Sánchez que se implique directamente en la lucha para esclarecer la verdad.
La familia confía en que este nuevo empuje ayudará a esclarecer lo ocurrido con Diego. Ya nadie les podrá devolver al joven, muerto en la plenitud de la vida. Pero al menos podrán lavar su imagen, ensuciada por los mismos que le mataron.