En plena oleada de contagios y fallecidos en el mes de marzo, en España, los encargados de desinfectar los centros de mayores denunciaron la situación de abandono que se encontraban en algunos de ellos, lo que llevó al Gobierno a abrir algunas investigaciones e hizo saltar las alarmas de la situación de nuestros mayores durante la crisis del Coronavirus.
Ahora sale a la luz un nuevo y cruel detalle que condenó a algunos ancianos a una muerte segura. Se trata de algunos informes de hospitales que vetaban la entrada de pacientes provenientes de residencias en sus servicios de urgencias, alegando la prioridad de otros pacientes ante la situación de colapso del sistema sanitario.
En el caso de una paciente de 80 años, con neumonía bilateral y posible Covid-19, el hospital en cuestión emitió un informe en el que precisaba lo siguiente: «Ante la saturación actual, y por indicación de dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencias en el hospital». La mujer fue devuelta al centro y murió tres días después.
La decisión de este y otros hospitales se tomó a finales de marzo, cuando los contagios no dejaban de aumentar y, ante el colapso de los servicios, el Gobierno abría hospitales auxiliares como el de Ifema. La paciente llegó con una obstrucción respiratoria del 78%, pero el facultativo dejó por escrito que por órdenes de dirección no se permitía el ingreso de pacientes procedentes de residencias de ancianos.
«Me autorizaron realizar diálisis, pero no ingresos», dice en el informe, que a pesar de la gravedad aprueba el alta hospitalaria para mandar a la residencia a esta paciente paliativa en hemodiálisis. Eso sí, especifica los tratamientos a seguir para su tratamiento postdiálisis y los problemas de respiración, incluyendo morfina a bajas dosis, algo que ya había denunciado el presidente de la patronal de residencias, Ignacio Fernández Cid. «Llevamos denunciando que nos habían abandonado y no nos dejaban hacer derivaciones a centros hospitalarios, y que solo les mandaban medicamentos para sedación y morfina», aseguró.
En cambio, en el hospital dicen que fue una decisión médica puntual donde se intentó proteger del contagio a una paciente frágil: «En la fecha referida, la situación era de alto riesgo epidemiológico, y el resultado de la PCR podía tardar tres o cuatro días, por lo que la dirección consideró que lo más seguro era no exponer al paciente a dicho riesgo».
El hospital asegura que las decisiones se toman para cada paciente en concreto, aunque en el informe asegura que se trata de una decisión genérica de la dirección: impedir el ingreso de pacientes de residencias. Además, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid insinuó que sí existían este tipo de directrices en los centros sanitarios.
«Si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado», dijo Isabel Díaz Ayuso. En otros lugares, como en Cataluña, incluso se puso un tope de edad para ingresar en las UCI, 80 años.
Según los datos de la Consejería de Asuntos Sociales de Madrid murieron 4.076 ancianos con síntomas de Covid-19 en residencias de ancianos. Si se suman los de las pruebas PCR, se calcula que murieron 5.886 residentes que según los crueles detalles que van saliendo a la luz fueron condenados a morir fuera de los centros hospitalarios.