El gobierno de Pedro Sánchez se ha puesto manos a la obra para intentar extender el estado de alarma hasta el 5 de julio. Para ello el presidente ha comenzado las negociaciones con las diferentes fuerzas políticas con la excepción del Partido Popular y VOX quienes han mostrado su negativa ante una nueva ampliación del estado de alarma.
La idea de Sánchez es extender la situación excepcional hasta el final de la desescalada para evitar así un posible brote del virus tal y como se dio a conocer en La Sexta. Los líderes del PP y de VOX quedan fuera de esta negociación porque «ellos solos se han autoexcluido». Por su parte, Ciudadanos, quien ya había mostrado su apoyo en anteriores prórrogas, no garantiza tampoco en esta ocasión sumarse a esta nueva petición.
Sin embargo, el propio Ejecutivo ve «muy difícil» conseguir que el estado de alarma se alargue hasta el 5 de julio y por ello tiene un plan 'B', lograr que al menos se amplíe hasta finales de junio. Hasta ahora, Pedro Sánchez ha ido consiguiendo el apoyo de las fuerzas políticas para prórrogas de 15 días, sin embargo esta nueva prolongación sería de 30 días y podría suponer una medida inconstitucional.
Ramón Rodríguez Arribas, exvicepresidente y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, así lo expresaba aludiendo que alargar el estado de alarma más allá de los 15 días va en contra del artículo 116 de la Constitución y de la norma que regula el precepto (ley orgánica 4/1981).
Arribas sostiene que el plazo de quince días que se establece en la Constitución y en la norma tiene una dimensión procesal y otra sustantiva: «La parte procesal significa que los plazos, cuando se establecen por ley, se pueden prorrogar por un tiempo inferior o igual al que se concedió. Nunca por un plazo superior».
En lo referente a la parte sustantiva, es el Congreso de los Diputados el encargado de establecer las prórrogas de 15 días.