La aprobación del estado de alarma en España, el pasado 14 de marzo, por la emergencia sanitaria del Coronavirus, fue acompañada de la acción sancionadora por parte de los agentes de la autoridad a aquellas personas que infringieron las normas del nuevo marco legal. Muchos se preguntan ahora qué pasará con estas multas cuando acabe el estado de alarma.
Los despachos de abogados que tratan de recurrir estas multas han encontrado una grieta legal a través de la cual, según la propia ley, las sanciones puestas durante el estado de alarma que no sean firmes hasta el 21 de junio quedarán sin efectos. Esta es la fecha en la que acaba el estado de alarma, y en la que un millón de multas podrían quedar en nada.
El argumento en el que se apoyan se encuentra en la norma que permitió al Gobierno decretar el estado de alarma, la ley orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. En ella, se especifica que «decaerán en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden a actuaciones preventivas correspondan a las autoridades competentes en base a estas, salvo las que consistiesen en sanciones firmes».
Es decir, que todas aquellas multas que no sean firmes hasta este domingo podrán quedar en un limbo jurídico, y aunque la norma parece bastante clara también puede interpretarse de varias maneras, y por eso los afectados no las tienen todos consigo. Todo dependerá, al final, de lo que decidan interpretar políticamente los jueces de lo contencioso.
Desde que se dictó la ley no se ha tenido que aplicar en cuarenta años, y por eso no hay precedentes. El real decreto se desarrolló a través de nuevos decretos y, en ningún momento, incluyó un régimen sancionador específico, así que el ministerio del interior se basó en el incumplimiento de otras leyes que ya existían.
En este sentido, las directrices de Interior a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para orientar y graduar la incoación de sanciones se fijaban en las multas de entre 601 y 10.400 euros en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como «ley mordaza»).
Más de un millón de sanciones
Durante estos meses, junto a las sanciones pertinentes para preservar la seguridad, también se han cometido excesos de celo que dieron lugar a situaciones injustas. El último balance, a finales de mayo, fijaba en 1.013.747 las propuestas de sanción impuestas, a las que se suman los 8.418 detenidos durante el estado de alarma.
El inicio de la desescalada conllevó también un descenso de la sanciones, aunque los agentes siguen poniendo multas, por ejemplo, a aquellas personas que no llevan mascarilla en los casos obligados por ley.
Ahora tendrá que verse qué leyes quedan sin efecto tras la desaparición del estado de alarma, y un buen ensayo para ello será ver qué pasa en Galicia, la primera comunidad en llegar a la nueva normalidad donde los afectados verán que grado de éxito tienen sus argumentos legales para esquivar las sanciones.
La mayoría de esas multas podrían quedar desactivadas por las dificultades de tramitación y a falta de personal en muchas de las delegaciones donde se han ido acumulando las multas durante semanas. Además, el reloj corre a favor de los sancionados, ya que transcurridos seis meses el expediente caduca.