El 30 de enero de 2021, un empresario de Carcaixent estranguló a la prostituta de 19 años Florina Gogos y lanzó su cadáver a una acequia en Albal (Valencia). El caso generó tanto revuelo, que esta se convirtió en la primera localidad que multa a los puteros. Ahora acaba de abrir el primer expediente sancionador.
Un cliente acudió a la Policía Local de Albal para denunciar que había solicitado los servicios de una prostituta y que esta no completó sus labores. Le informaron sobre la nueva ordenanza municipal que multa a los puteros con 800 euros. Es el primer cliente sancionado por consumo de servicios sexuales en vía pública.
La medida del ayuntamiento tuvo el respaldo de la ciudadanía y de otras localidades que también se ven afectadas por este problema. El objetivo es frenar el consumo de servicios sexuales para reducir la prostitución. Este ha sido el primer putero multado, y esperan que sirva como ejemplo para frenar este tipo de actividades.
Un servicio de 30 euros
El hombre en cuestión solicitó los servicios sexuales de una prostituta en Albal por un valor de 30 euros. Sin embargo, según denunció a la policía ella no completó el servicio y decidió acudir a la autoridad para denunciarlo. El denunciante acabó denunciado por consumo de servicios sexuales en la vía pública.
Según la nueva ordenanza, esta infracción está castigada con una multa de 800 euros que es lo que tendrá que pagar este putero. Se trata del primer cliente multado de una norma pionera en España en la lucha contra la prostitución y la trata de personas. El origen de la regulación está en la trágica muerte de una joven.
Florina, una chica rumana de 19 años que ejercía la prostitución, murió estrangulada a manos de un cliente en enero del año pasado. Su muerte ayudó a visibilizar la problemática de la prostitución a pie de carretera en la provincia. Albal, una población valenciana de 16.500 habitantes, fue la primera en aprobar la ordenanza.
Medida pionera en España
Otros ayuntamientos afectados por este problema a lo largo de la V-31 se sumaron a la medida, que ha contado también con el respaldo de la Generalitat. Intentan así frenar este tipo de actividades sexuales que ponen en riesgo a las mujeres. En 2004, otra joven fue asesinada justo en el mismo lugar donde murió Florina.
Ivana murió de un disparo en el pecho, y el ayuntamiento cubrió los gastos de la sepultura. Tanto ella como Florina eran víctimas de la explotación sexual, el eslabón más débil de la cadena de la prostitución en el España. “Sus crímenes han supuesto una amenaza a la democracia”, exclamó el alcalde de Albal, Ramón Marí.
“Por este motivo tratamos de contribuir a la erradicación de la prostitución y la trata de personas”. Así argumentó el edil la medida impulsada por su gobierno, pionero en España. Ahora, el municipio vuelve a hacer historia poniendo la primera multa de 800 euros a un putero por contratar servicios sexuales.
Lucha contra la trata de personas
Tras el asesinato de Florina, Albal modificó la Ordenanza Municipal de Convivencia y Buen Gobierno, aumentando las multas a los puteros hasta los 800 euros. La ordenanza incluye a los proxenetas, pero exime a las meretrices por considerarlas víctimas de explotación. Es, según el gobierno local, una acción contra la trata de personas.
En la norma se recoge la prohibición de hacer publicidad fomentando al prostitución y la explotación sexual, con multas de hasta 350 euros. Por otro lado, Albal se sumó a la Red de Municipios contra la Trata de Mujeres y Niñas. Su intención es visibilizar la lucha contra los proxenetas y acabar con los puteros.
La Mancomunitat de l’Horta Sud, formada por 20 municipios, se ha sumado a la medida pionera de Albal. Se están impulsando campañas de concienciación y se está fomentando la formación de los agentes de policía. Todo, con la esperanza de reforzar el combate contra esta práctica que sigue dejando víctimas en las cunetas.