Una a una van apareciendo las consecuencias del coronavirus en la economía española. A la pérdida de puestos de trabajos, el castigo a sectores clave como el turismo y el golpe a las arcas del Estado, se suma ahora otro problema: las empresas españolas se preparan para lanzar una nueva oleada de prejubilaciones a partir de los 55 años.
Las compañías están acelerando las conversaciones con despachos y sindicatos para aprobar estas prejubilaciones a partir de otoño, cuando muchos trabajadores se podrían ver jubilados con 55 años y un 80% del salario de media.
Esta es una de las medidas contempladas por empresas que se vieron duramente castigadas por los efectos del Coronavirus, y que ya llevaron a cabo otras como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). En abril llegaron a tres millones, pero si no hay un acuerdo de última hora, se extinguirán el 30 de septiembre.
De hecho, en agosto el número de personas afectadas por los ERTE se vio reducido por debajo del millón, tras lo cual se han explorado otras vías como los planes de jubilación. El plan del Gobierno pasa ahora por liquidar los expedientes en septiembre y empezar a respaldar en otoño sectores estratégicos como el ocio y el turismo.
Aunque empresas y sindicatos se muestran reacios a esta alternativas por las tensiones que va a provocar, despachos y consultoras han tenido un aumento de peticiones de asesoramiento tras la desaparición del estado de alarma el 21 de junio.
Eso hace prever una nueva oleada de prejubilaciones o jubilaciones voluntarias. Los anuncios del Gobierno de endurecer las condiciones de la prejubilación en crisis pasada ya aceleraron estos procesos, y sin ir más lejos, entre 2014 y 2019 las jubilaciones anticipadas aumentaron un 66%, de 30.000 a 50.000 según el ministerio de Seguridad Social.
La jubilación anticipada
Ante el enorme desembolso del Estado en ayudas para hacer frente a la crisis, el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que lidera José Luis Escrivá, propuso en el mes de marzo una serie de medidas para endurecer las condiciones para acceder al retiro y cobrar la prestación de jubilación.
Pendiente de aprobar esta nueva reforma del sistema de pensiones tras la crisis, su idea es utilizar incentivos que contribuyan a acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, que actualmente es de 65 años y 10 meses, y de 61 años y 10 meses para las jubilaciones parciales.
La edad efectiva varía de la edad legal debido a las prejubilaciones. La edad de jubilación en España será de 64,5 años en 2020, pero según el ministerio las anticipadas voluntarias aumentó un 66% hasta representar el 16% en 2019.
Alargar la vida laboral de los ciudadanos reduciría el gasto en pensiones, y por eso retrasar la edad efectiva con incentivos es la gran prioridad de la Seguridad Social. Por otro lado, también ha acelerado la actualización de las pensiones en un nuevo marco estable de los Pacto de Toledo que consiga mantener el poder adquisitivo para los pensiones, de cara a 2021.