Como uno de los países del más afectados por el Coronavirus, España ha impuesto una de las normas más estrictas de confinamiento que incluía la paralización de la actividad económica. La consecuencia inmediata ha sido la destrucción de empleo: 6 millones de personas han empezado a cobrar la prestación por desempleo y han dejado de cotizara la Seguridad Social.
La crisis del Coronavirus es también una mala noticia para las pensiones, que si ya estaban en peligro antes de la debacle ahora la cosa se complica. En 2019 había un déficit de 16.052 millones de euros en la Seguridad Social, que ahora aumentará porque aunque los gastos se mantienen, la recaudación del sistema se hunde precipitadamente.
Si tal y como avanza el ministerio de Trabajo de aquí a verano perderán el trabajo 3 millones de personas más, el principal problema ahora se advierte en la caída de la principal fuente de ingresos para pagar las pensiones, que son las cotizaciones a la Seguridad Social.
El problema se complica porque hay un millón de autónomos que han solicitado la prestación por cese de actividad, que podrían llegar a ser un millón y medio si se cumplen las peores previsiones del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Un alivio para esta situación crítica podría ser el Fondo de la Reserva de la Seguridad Social, una especie de hucha para las pensiones de la que el estado puede hechar mano en casos de emergencia. El problema es que de los 66.815 millones ahorrados entre 2000 y 2011 ya sólo quedan 1.400, una cantidad insuficiente teniendo en cuenta que cada mes se pagan unos 10.000 millones de euros en pensiones.
En resumen, hay una agujero de proporciones gigantescas que con la crisis del Coronavirus puede llegar a alcanzar los 37.000 millones de euros. Para sanear este déficit sólo caben dos salidas: aumentar los ingresos, o reducir los gastos.
Ante la liquidez de los fondos de pensiones, el Estado podría aumentar los ingresos con un aumento de los impuestos, por ejemplo con tasas especiales, o con la emisión de deuda pública, lo que supondría que España se volvería a endeudar sin un horizonte claro de cuándo podría volver a los límites de la deuda anterior al Coronavirus.
En cuanto a la reducción del gasto, el Estado podría recuperar el Índice de Revalorización de las Pensiones, una decisión impopular porque a la práctica supone reducir el poder adquisitivo de los pensionistas. Sin embargo, algunos expertos apuntan que, igual que en 2008, los más afectados por la crisis no son los pensionistas sino las rendas que no dependen del Estado.
También recuerdan que los que no han cotizado suficientes años para tener derecho a una pensión contributiva, y carecen de ingresos para vivir, pueden acogerse a una pensión no contributiva de jubilación.
Un horizonte cada vez más probable es que el estado suspenda la subida de las pensiones, pero la congelación de las pensiones puede suponer un aumento del poder adquisitivo si como predicen algunos expertos se produce una caída de los precios. Según las previsión el IPC caerá un 1,1% mientras que la media anual es del 0,6%.