El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa durante una cumbre en la Unión Europea

El Constitucional abre la puerta a paralizar el estado de alarma

Admite el recurso que había presentado Vox

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa durante una cumbre en la Unión Europea
El TC estudiará el recurso de Vox | Agencias

El Tribunal Constitucional revisará la legalidad de la declaración del estado de alarma  al admitir a trámite el recurso de Vox  contra el real decreto y las tres prórrogas posteriores para hacer frente a la pandemia de la COVID-19.

En su primer pleno no presencial de la historia, los magistrados han acordado en una providencia la admisión del recurso al cumplir con todos los requisitos formales, lo que no implica por el momento ningún pronunciamiento, solo abre su recorrido en el tribunal.

Vox dice que viola la Constitución

Con su recurso, Vox quiere que se determine si las acciones del Gobierno constituyen «una flagrante violación» de la Constitución al  utilizar de forma «abusiva e injustificada» el estado de alarma  y vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos.

Su portavoz, Jorge Buxadé, argumentó que el estado de alarma únicamente permite limitar la libre circulación de personas y subrayó que, si el Gobiernopretendía suspender derechos fundamentales, «como ha hecho», debería haber optado por el estado de excepción y pedir autorización al Congreso desde el primer momento.

Entre los derechos supuestamente vulnerados figuran los de reunión, manifestación y educación, según Vox, para quien «el Gobierno ha hecho a través del estado de alarma lo que tenía que haber hecho a través del estado de excepción».

A este recurso, hay que añadir otros dos de Vox contra el decreto que permite al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, formar parte de la comisión del CNI  (también ha recurrido el PP) que han sido admitidos, así como contra la decisión de la Mesa de suspender la actividad del Congreso por el Covid-19.

Vox carga en su recurso contra el «truco» utilizado, a su juicio, por el Gobierno para «blindar» a Iglesias, en la comisión del Ejecutivo que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).