El Congreso de los Diputados aprueba hoy la ley de medidas contra el fraude fiscal, que incluye el aval a las inspecciones sorpresa de Hacienda previa autorización judicial. La ley fue presentada por el Gobierno hace medio año, pero la polémica legal suscitada por las inspecciones sorpresa había retrasado su aprobación hasta hoy.
La Comisión de Hacienda del Congreso dará luz verde hoy a las inspecciones sorpresa a pesar de la polémica, y permitirá así dar salida a la ley de medidas contra el fraude fiscal. Luego tendrá que llegar hasta el Senado, donde se incluirán las últimas enmiendas. Con esta nueva legislación, el Gobierno pretende mejorar la recaudación y adaptar nuestras leyes fiscales a la normativa europea.
El Tribunal Supremo dijo a finales de 2020 que Hacienda no puede solicitar la inspección en un domicilio privado o en una empresa sin enviar antes una notificación a la persona. Esto rompía los planes iniciales de la Agencia Tributaria, ya que avisar con antelación al contribuyente impediría a la práctica las inspecciones por sorpresa. Pero al mismo tiempo, en Haciendo son conscientes del lío jurídico que suponen las inspecciones por sorpresa, ya que la Constitución reconoce la inviolabilidad del domicilio.
El PSOE dio amparo a las inspecciones sorpresa mediante una modificación de la Ley General Tributaria, que establece que la solicitud para el registro «debe estar debidamente justificada y especificar la finalidad, necesidad y proporcionalidad de la entrada». Es decir, que no se puede efectuar un registro solo para ver qué se encuentra dentro, sino que tiene que haber una sospecha fundada de irregularidades.
Pero además, añade: «Tanto la solicitud como la concesión de la autorización judicial podrán practicarse, aún con carácter previo al inicio formal del procedimiento, si el acuerdo de entrada incluye la identificación del contribuyente, y los conceptos y períodos que serán objeto de comprobación».
Entrará en vigor en otoño
Por lo tanto, Hacienda no puede entrar en cualquier momento en cualquier empresa para hacer una inspección, sino que deberá estar debidamente justificada y motivar la finalidad, necesidad y proporcionalidad de la entrada. La novedad es que Hacienda no tendrá que avisarte previamente de una inspección que cuenta con autorización judicial.
Solo existe una excepción, y es que la autorización judicial no será necesaria en el caso de que haya un consentimiento por parte del contribuyente. Tendrá que haber, eso sí, un acuerdo de entrada de la autoridad administrativa correspondiente. Eso es importante, por ejemplo, en el caso de las pequeñas empresas, que muchas veces no conocen su derecho a negarse ante la entrada de un inspector.
La ley tendrá que pasar aún por el Senado y podría sufrir unos últimos retoques, pero está previsto que entre en vigor definitivamente en otoño. La legalización de las inspecciones sorpresa a particulares y empresas coincidirá, pues, con el inicio de la recuperación económica después de más de un año y medio de crisis por la pandemia del coronavirus.
Otras medidas que incluye la ley
La ley que hoy se aprobará cuenta con todas las enmiendas del PSOE, apoyadas por sus socios de legislatura, y solo Vox votará en contra. La única petición de los partidos al Gobierno era rebajar las exigencias a los representantes aduaneros, ya que la ley cargaba sobre sus espaldas los costes de importación y otros impuestos asociados.
La nueva legislación contempla la obligación de las sociedades de inversiones inmobiliarias (sicav y socimis) de tributar el 15% de sus beneficios, y la modificación de los requisitos de entrada, con un mínimo de inversión de 2.500 euros. La norma prevé también una limitación de pago en efectivo hasta un tope de 1.000 euros para las pymes.
También es relevante la modificación del impuesto de sucesiones y donaciones de cara a la valoración del catastro, cuando Hacienda tenga que intervenir ante alegaciones del contribuyente o reclamaciones. El Gobierno preveía recaudar 828 millones de euros en 2021 con la nueva norma, pero los retrasos en la tramitación rebajarán ostensiblemente sus perspectivas. En todo caso, la lucha contra el fraude fiscal supone un paso más en los compromisos de España con el plan de recuperación acordado con Bruselas.