Una de las cosas que quiere evitar el Gobierno con la puesta en marcha del ingreso mínimo vital es que desincentive la búsqueda de ingresos propios. Por eso, el borrador del decreto ley que regulará esta ayuda extraordinaria contiene una cláusula adicional que fija como requisito indispensable la búsqueda activa de empleo.
El texto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones incluye medidas adicionales para ayudar a los receptores de la prestación a encontrar trabajo, y será un esfuerzo extra que el que ya hace el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para «promover la inclusión social y laboral de las personas beneficiarias del ingreso mínimo».
Esto se hará, según el borrador, mediante la coordinación y colaboración de los departamentos ministeriales, las comunidades autónomas y las entidades locales con competencias en materia de empleo, así como las entidades del Tercer Sector de Acción Social.
El ingreso mínimo vital es una ayuda extraordinaria aprobada por el Gobierno en el marco de la crisis económica derivada del Coronavirus y el confinamiento, y la intención es que sea un puente económico hacia el empleo siempre que se pueda, y no un sustituto permanente como fuente de ingresos, como sucede con todas las prestaciones de este tipo.
De la misma forma que para cobrar la prestación por desempleo exige ser demandante activo de trabajo, y puesto que hay normas que penalizan que se diga que no a trabajar, también esta ayuda tiene como condición aceptar trabajos temporales. El SEPE regula hasta qué punto se pueden rechazar empleos adecuados que se le ofrecen un parado.
El texto del decreto ley concreta que los solicitantes de la renta deben estar inscritos como demandantes de empleo «si se encuentran capacitados para desarrollar una actividad laboral», y deben «seguir un itinerario individualizado y personalizado de inserción». Además, todo los miembros del hogar tienen que haber solicitado previamente las pensiones y prestaciones vigentes a las que pudieran tener derecho.
Si se cumplen estos requisitos y todos los demás que establece el borrador, como ser mayor de 23 años y menor de 65, y no tener un piso de más de 100.000 euros, el solicitante tendrá derecho a percibir la prestación, que establece un máximo de 462 euros por persona y va aumentando en función de los miembros de la unidad familiar hasta 1.015 euros.
La prestación se podrá empezar a solicitar en junio, pero para agilizar los trámites burocráticos se ha establecido que bastará una declaración responsable donde conste que se cumple con los requisitos exigidos. La administración podrá, después, pedir la documentación que sea necesaria para verificar estos datos, e imponer sanciones ante intentos de fraude.