Madrid constaba hasta hace poco como uno de los territorios con una mejor situación tras la entrada en la nueva normalidad en España. Sin embargo, el progresivo empeoramiento ha llevado al gobierno de la Comunidad, presidido por Isabel Díaz Ayuso, a emprender una serie de medidas la más polémica de las cuales es la llamada carilla Covid.
En las últimas horas no se habla de otras cosa. Para evitar un nuevo confinamiento total, la Comunidad propone el plan «Madrid no para», que incluye una cartilla de inmunidad con la que saber quién no ha pasado en coronavirus y quién sí.
La presidenta ha pedido a la Consejería de Sanidad un proyecto experimental que simule la cartilla internacional de vacunación, de manera que quienes hayan pasado la enfermedad y tengan anticuerpos, y todas aquellas personas que están realizando PCR, tengan la posibilidad de tener este pasaporte que tiene su réplica en la tarjeta virtual.
Así los inmunes podrían seguir con su vida normal, y no haría falta un confinamiento total que llevaría a la comunidad a un nuevo desastre económico. Pero el anuncio ha levantado toda clase de críticas de la oposición, del Gobierno central y de los expertos.
Desde la oposición en el parlamento madrileño, el PSOE de Ángel Gabilondo alertó de la posible discriminación de la medida. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, recordó que ningún organismo internacional lo contempla. Por su parte, la Coordinadora del Tercer Sector ya ha anunciado que lo llevará al Defensor del Pueblo si se aprueba.
No hay evidencias científicas
El coordinador de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública, Mario Fontán Vela, avisa que no se sabe cuánto dura la inmunidad, y que aún no existe una evidencia científica para poner en marcha un experimento así. Alemania lo planteó, pero no lo llevó a cabo.
Este experto argumenta que las personas generan anticuerpo una vez contraen el virus, pero todavía no se sabe ni cuánto duran ni cómo se comportan si el virus muta y se reencuentran con él al cabo de un tiempo.
También pide tener en cuenta el factor social, pero a su juicio las personas podrían verse condenadas a contagiarse para tener un trabajo o vida social: «Si la única manera de tener defensas es contagiarte, puede que mucha gente, desesperada por hacer vida social o para recuperar su trabajo, se vea abocada a infectarse». Una medida así, en su opinión, sólo agrandará las desigualdades sociales.
Colisión de derechos
Además, se ha de tener en cuenta la legislación vigente: el experto en derecho constitucional Eloy García, explica que de llevarse a cabo supondrá el choque de las libertades de circulación con la de la Salud Pública, un proceso que llevaría semanas.
El constitucionalista critica que la Comunidad no haya pedido un informe al Consejo de Estado antes de presentar el proyecto, ya que se puede impugnar y no es seguro jurídicamente. Lo lógico, dice, es que la Comunidad, que tiene los medios, presente estas medidas con los informes necesarios. Pero la presidenta no lo ha hecho.
Ayuso sí ha encontrado respaldo en el ayuntamiento de la capital. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, salió en defensa de su compañera de partido. Dice que no es una medida desproporcionada y que, además, no es una cuestión de que a uno le guste o no.