Claudia Migueles se ha convertido en una heroína en el barrio de Poble-Sec, en Barcelona. En noviembre intentaron desahuciarla junto con sus cinco hijos, tres de ellos menores, y una nieta. Los vecinos lo consiguieron. Por esto ahora la juez ha vuelto a emitir una orden de desahucio sin fecha: desde ayer, la pueden echar en cualquier momento.
En el barrio todos la conocen como «Claudia y los siete». Es madre de siete hijos, aunque ahora solo viven cinco bajo su techo. Tres de ellos son menores de edad: 13, 15 y 16 años. Otro tiene 24 años, y otra 18. Esta última tiene una hija de un año.
Claudia llegó con su familia numerosa al piso donde ahora vive hace dos años, pero a partir de este lunes y durante los próximos 15 días puede verse en la calle. La abogada de oficio ha pedido la paralización del proceso en virtud del decreto ley del Gobierno que reconoce la moratoria de los desahucios. Pero no ha recibido respuesta favorable, y Claudia y su familia pueden quedarse en la calle en cualquier momento.
[predef]espaadiario-631[/predef]
«Nos quieren echar a la calle y no tenemos alternativa, ni familia a la que acudir ni nada», explica Claudia. Tampoco se ha pronunciado la propiedad, una persona física con más de diez pisos a la que el ayuntamiento mandó una carta esta semana para hacerse cargo de una parte importante del alquiler.
Si nada lo remedio, la policía se presentará en su casa para ejecutar la orden de desahucio. Su fuerza ahora es el barrio que tiene detrás. Su caso ha levantado una oleada de apoyo y solidaridad que en noviembre fue suficiente para parar el desahucio: sus vecinos, organizados, se reunieron a las puertas del edificio para impedir la entrada de la policía en la fecha y hora acordada.
Por eso ahora la juez ha emitido la orden sin fecha ni hora, en un momento indeterminado en los próximos 15 días. El sindicato del barrio se reunió ayer, primer día en el que podría aparecer la comitiva judicial, para mostrar su apoyo a Claudia y exigir a la administración que haga todo lo posible para que no echen a esta familia numerosa de su casa.
La entidad recordó que «cualquier persona vulnerable, y ella lo ha acreditado numerosas veces, puede pedir la suspensión de un proceso de desalojo si demuestra que no tiene alternativa». Por eso piden a la jueza «que recapacite». Se acogen al decreto del Gobierno y a la ley de la Generalitat que obliga a los grandes tenedores, como es el caso, a ofrecer un alquiler social antes de continuar con el proceso.
Víctima de una estafa
Claudia, una mujer chilena de 50 años, mantenía a su familia con su salario de hostelería hasta que perdió el empleo. Antes de llegar al piso donde viven ahora compartía vivienda con otra familia, pero tuvieron que buscar una alternativa y encontraron una persona que les alquilaba el piso en negro. Ella misma cuenta que estuvieron pagándole siete meses en mano, hasta noviembre de 2018. De pronto, el juzgado les notificó por carta una orden de desalojo por impago.
Claudia alega que ella y su familia son víctimas de una estafa en el contrato, pero la orden de desalojo siguió adelante a pesar de su petición para regularizar la situación. «En aquel momento podía pagar los 650 euros que me pedía el casero. Pero ahora ya no porque me quedé sin trabajo por culpa de la pandemia». El ayuntamiento medió para garantizar el pago del alquiler de la familia a la espera de que se les adjudique un piso de emergencia.
El departamento de vivienda del ayuntamiento de Barcelona se ha puesto en contacto con la juez, Mercè Caso, para pedirle que suspenda el desalojo. Aseguran que se trata de un gran propietario y que la familia no tiene alternativa habitacional, supuestos suficientes según la ley para paralizar el proceso.
Desde el ayuntamiento lamentan que «pese a tratarse de un caso que cumple con los requisitos para acogerse a la moratoria, a día de hoy el desalojo no se ha suspendido». Según afirman, la ley ampara incluso casos como el de Claudia en los que, al no haber contrato, se considera ocupación sin título habilitante.
Sin alternativa
La única alternativa que le ofrecen a Claudia y a su familia es la de un albergue por unos días. «Esta situación no es digna, yo no tengo papeles, pero mis hijos son españoles y tienen derecho a una vivienda digna», defiende la mujer. Todos los hijos que viven ahora con ella nacieron en Barcelona, y su nieta también.
Su hija y su nieta están viviendo estos días en casa de una amiga para alejarse de los nervios y la tensión. Mientras, Claudia está en plenos trámites para entrar en un piso social del ayuntamiento, pero luego el tiempo de espera se puede alargar hasta dos meses. Toda su energía se centra ahora en evitar que la dejen en la calle.