La llegada de los rebrotes a España ha puesto de manifiesto una nueva realidad en las formas de transmisión del Coronavirus. Si durante la primera oleada, en marzo y abril, las residencias fueron el principal foco de infección, en este anticipo de la segunda oleada se está detectando un origen mucho más diverso con un denominador común: la irresponsabilidad de algunos y la falta de control de las autoridades.
Esto es lo que revelan casos flagrantes como el brote en la comarca del Segriá, en Lérida, y el de la comarca de A Mariña, en Lugo. Cataluña y Galicia han decretado este fin de semana el confinamiento de las dos zonas, pero esto es insuficiente para contener los brotes en España.
Las autoridades sanitarias llevan tiempo advirtiendo de que no se trata sólo de lavarse las manos, sino de una estrategia integral. Sin embargo, el rápido descenso de la curva y la salida del confinamiento ha causado una evidente relajación de las medidas de prevención que en algunos casos llama la atención por el peligro que entraña.
El problema es que a diferencia de marzo y abril ahora disponemos de herramientas de control y vigilancia para evitar contagios y no se están utilizando como se debería. Poner el acento en la responsabilidad individual está bien y ayuda a concienciar de los riesgos de saltarse las medidas de prevención, pero esto desvía la atención de la responsabilidad de las instituciones.
Lo que ha fallado en Cataluña es ignorar el protocolo básico de la nueva fase de la pandemia: la detección precoz, el seguimiento de los contactos, el aislamiento de los casos positivos y la cuarentena de los posibles casos secundarios.
El gobierno catalán ha reforzado la atención primaria para detectar nuevos casos y multiplicado la capacidad de realizar test de diagnósticos, además de ampliar la capacidad de los hospitales para atender casos graves de Covid-19. Donde ha fallado es en los sistemas de vigilancia epidemiológica para hacer el seguimiento de los contactos y cortar la cadena de transmisión.
La Agencia de Salud Pública que tiene las competencias de vigilancia epidemiológica no tiene director desde el 28 de mayo, y el contrato a Ferrovial para el seguimiento telefónico de los contactos quedó en suspenso el 8 de junio.
En el caso de Lérida, el origen de los brotes está en los temporeros que trabajan en el campo. Para atajar los rebrotes, no basta una atención primaria pensada para la población con residencia permanente, tarjeta sanitaria y un CAP de referencia. Hace falta algo más, una estrategia integral más allá del sistema sanitario.
Hace falta ponerse en la piel del temporero que necesita su jornal diario y que sabe que un test le obligará a aislarse. Hay que garantizarle que seguirá recibiendo su jornal, y hay que velar para que el agricultor no se quede sin su cosecha por esta causa.
Una comida familiar
En Galicia se ha cerrado la comarca de A Mariña, con 14 municipios y 68.520 personas, pero se prevé que en los próximos días aparezcan nuevos contagios. En este caso, el origen fue una comida familiar cuyos integrantes colaboraron con los equipos de rastreadores para tejer la red de contactos sobre la que empezar a trabajar.
Dos semanas después del primer positivo y pese al ingente número de seguimientos y pruebas PCR realizadas, la cifra se eleva a 106 y mantiene a más de 600 contactos confinados. Esto ha obligado a las autoridades sanitarias a tomar cartas en el asunto y anunciar el cierre del área: durante los próximos cinco días se prohíbe entrar y salir de la comarca.
En Galicia, sin embargo, llueve sobre mojado. Esa fue una de las primeras comarcas en sufrir rebrotes, en concreto por un caso importado desde Brasil. La Xunta asegura que no habrá transmisión comunitaria, pero al igual que en Cataluña, el reto sigue estando en una estrategia integral que, más allá de la responsabilidad de los ciudadanos, proteja mejor la salud colectiva.