Francisco Igea, vicepresidente del gobierno de Castilla y León, ha insistido en la necesidad de los ciudadanos de esta comunidad de quedarse en casa y salir lo mínimo posible, y cumplir con el toque de queda impuesto a partir de las 20:00 horas a pesar de ir en contra del criterio del Ministerio de Sanidad, quien ha recurrido la decisión ante el Tribunal Supremo.
Igea ha estado este jueves, 21 de enero, en Radio Nacional Española para pedir a la ciudadanía «una rebelión cívica» para cumplir con el nuevo toque de queda, vigente en la región desde el pasado sábado. «Les pedimos que hagan por voluntad lo que no nos permite el Gobierno: que se queden en casa», ha insistido Igea ante los micrófonos de RNE.
Su llamamiento llega después de que Sanidad rechazase, por enésima vez, modificar el estado de alarma para permitir ampliar los toques de queda en España, que actualmente solo pueden imponerse a partir de las 22:00 horas y como mucho hasta las 07:00 horas.
Según Sanidad, el texto del actual estado de alarma no permite adelantarlo, y aunque se han comprometido a seguir valorando la medida, Salvador Illa insistió ayer en el Consejo Interterritorial de Salud que las medidas actuales son suficientes si se aplican bien.
Para el ministro, hay una serie de medidas que muchas autonomías todavía no han impuesto, y que tras la experiencia de la segunda ola, son suficientes para frenar la transmisión del coronavirus. Algunas de estas medidas son el cierre total de la hostelería, que ya se aplica en algunas comunidades, pero no en todas; y del comercio no esencial, que se ha aplicado ya en algunos territorios más pequeños, como en los municipios más afectados de Andalucía o Galicia.
Sanidad argumenta que si se cierra totalmente la hostelería y el comercio, así como la cultura, el ocio y otros sectores no esenciales, y se limitan al máximo las reuniones sociales —algunas autonomías ya las han prohibido en todos los ámbitos, salvo para personas que conviven juntas—, se cortarán al máximo los contactos sociales y las cadenas de transmisión.
La explicación, en este sentido, es clara: Si le quitas a la gente todo lo que puede hacer más allá de ir a trabajar o a estudiar, no tendrán motivos para estar en la calle, por lo que adelantar el toque de queda a la fuerza pierde su utilidad. Además, Sanidad cree que adelantar el horario podría provocar que las interacciones sociales se concentren más en las horas en las que sí estén permitidas, provocando que más gente coincida en los bares y comercios y aumentando el peligro de contagio.
Y otro de los argumentos de Sanidad para evitar el toque de queda más temprano —y el confinamiento domiciliario— es evitar al máximo posible afectar a la salud emocional de los ciudadanos, algo que el confinamiento de marzo ya dejó patente. En este sentido, varios expertos coinciden en que salir a dar un paseo a las ocho de la tarde no supone una actividad de riesgo si se hace solo, en familia y en espacios abiertos con distancia de seguridad, por lo que las restricciones no pueden ir en este sentido, sino en evitar las aglomeraciones e interacciones en espacios cerrados.
Igea acusa al Gobierno de «desleal» y de falta de cogobernanza
A pesar de los argumentos de Sanidad, Francisco Igea asegura que no entiende la decisión del Gobierno de no modificar el estado de alarma, como le habían pedido nueve comunidades expresamente, con el apoyo de otras seis. «Desde nuestro punto de vista, y quiero ser comedido, es una decisión desleal, autoritaria y responsable», asegura.
Igea cree que la decisión del Gobierno se ha tomado sin el apoyo de las autonomías, que piden lo contrario, y con oposición incluso dentro de su propio gobierno, ya que fuentes de Podemos han apoyado la iniciativa de adelantar el toque de queda. En este sentido, Igea ha cargado contra el Ejecutivo porque cree que no existe la «cogobernanza».
De momento, las autoridades de Castilla y León han decidido mantener el toque de queda a las 20:00 horas, siendo la única comunidad española en decretarlo, ya que otras como Andalucía y la Comunidad Valenciana, que también quieren imponerla, prefieren esperar al permiso de Sanidad.
La medida seguirá vigente como mínimo hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo, ya que los magistrados la han dejado vigente de forma cautelar mientras analizan la decisión, y para ello dieron diez días al gobierno castellanoleonés para justificar, mediante un informe con datos epidemiológicos, la medida.