Aunque hace meses que desde el Gobierno se decidió apostar con la cogobernanza con las comunidades para gestionar la pandemia, esto sigue sin evitar los conflictos con los gobiernos autonómicos. Tras varios encontronazos con Madrid, el nuevo frente abierto lo tiene con Castilla y León.
Y es que la Junta ha hecho caso omiso a las palabras del ejecutivo central. Confirmaba en un comunicado que mantiene vigente el toque de queda, siempre que «no quede sin efecto por los medios establecidos en la Ley».
El gobierno castellanoleonés acusa al gobierno de Pedro Sánchez de «obstaculizar» una norma que solo quiere «proteger» la vida y la salud de las personas y «reducir lo más posible» el daño a la economía. Han querido recordar que la comunidad vive una situación epidemiológica de «extrema gravedad». «La incidencia acumulada se ha multiplicado por cinco desde el 1 de enero y el número de ingresados por Covid-19 se ha duplicado en los hospitales de la comunidad», explican en el documento.
Siguen defendiendo que la decisión es correcta y está amparada por «los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León». Según estos la última modificación hecha tras la prórroga permite cierta flexibilidad para modificar como se recoge en una «disposición transitoria única sobre la 'Eficacia de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno».
Según estos el texto del del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, concretamente en su artículo 5, permite a la Junta como «autoridad competente delegada» la «modulación, flexibilización o suspensión» de este toque de queda.
Además han insistido en el hecho que tiene que ser el Tribunal Supremo quién se pronuncie sobre el caso. Pese a ello han solicitado al Gobierno «una vez más» instrumentos jurídicos seguros, ya que cuestiona los actuales y que permitan combatir todavía mejor la actual tercera ola. «Es imprescindible que el Ejecutivo central ejerza ya su liderazgo y la coordinación con las autonomías»
La Junta de Castilla y León ha insistido en que el toque de queda a las 20.00 horas. También han vuelto a pedir a la población que reduzca lo máximo posible su movilidad y contactos sociales, con el objetivo de frenar esta «grave» tercera ola de la pandemia.
Mientras el gobierno autonómico defiende esta postura, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han pedido al delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo que aclare la situación. Tanto el sindicato Jupol, mayoritario Consejo de la Policía Nacional y la Asociación Profesional de la Guardia Civil, Jucil, han mostrado la preocupación y las dudas de los agentes en la región. Piden que se informe a los mandos cuál tiene que ser su papel a las 20 horas y recuerdan que ahora mismo solo hacen una labor informativa.
Los motivos del recurso del Gobierno
La respuesta de la Junta de Castilla y León se ha dado después que el Gobierno haya pedido a la Abogacía General del Estado que interponga recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
Consideran que vulnera el Real Decreto 926/2000, concretamente su artículo 5. En él se recoge que el toque de queda las 23.00 horas y las 6.00 horas puede ser modificado, pero solo para que «la hora de comienzo de la limitación prevista sea entre las 22.00 horas y las 00.00 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre las 5.00 y las 7.00 horas».
Insisten en que adelantarlo es una infracción y «una restricción de un derecho fundamental que no está amparada por el instrumento jurídico del estado de alarma». Aun así, Illa se mostró abierto el sábado a modificarlo: «Si hay que revisar esta franja horaria, vamos a hacerlo hablando con todo el mundo».