Irene Costumero en un vídeo publicado en su canal de YouTube

Irune, el caso de una española y su hija que pone en duda a Rocío Carrasco

La madre pide 5 años de cárcel y 15 de inhabilitación para los acusados por delitos de prevaricación y maltrato

El caso de Irune Costumero si de algo se caracteriza es del gran revuelo y trascendencia que ha generado. El ejemplo de una madre coraje que lucha por su hija.

A esta madre le retiraron la custodia por considerar que la menor sufría Síndrome de Alienación Parental. Una clase de patología no reconocida por las instituciones sanitarias, que influye en el rechazo de la niña hacia su padre.

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El triste desencadenante ocurrió cuando madre e hija fueron separadas a la “fuerza y con violencia” sin conocimiento de la autoridad judicial que había concedido la custodia compartida a los progenitores.

«Espero justicia. Quiero que mi hija vuelva a casa, no debían de habérmela arrancado. Espero que su señoría me oiga, soy la voz de mi hija». Esas son las palabras de una madre al borde del llanto momentos antes entrar a los juzgados en Bilbao.

El próximo lunes la protagonista se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial con cuatro responsables del Servido Foral de Infancia de la Diputación de Bizkaia.

Entre los cuatro responsables está el actual diputado de acción social, Sergio Murillo, imputado por retirarle la custodia de la menor de edad aludiendo que sufría Síndrome de Alienación Parental (SAP).

Lo cierto es que este síndrome no está reconocido por ninguna institución sanitaria ni psiquiátrica internacional. Sin embargo, la administración de la zona la aplicó en este caso explicando que la madre influía de forma negativa en la hija en contra del padre.

Por su parte, la orden foral determinó que el 4 de agosto de 2017 la menor, que tenía 5 años, fuera separada de su madre. Entonces la tutela pasó a manos de la administración que se la cedió al padre.

La propia Costumero defiende que ese mismo día la citaron junto a su hija en las dependencias de servicios sociales. En ese mismo momento las separaron por la fuerza y con «violencia». También con la ayuda de la policía.

Llegados a este punto, la progenitora lucha por demostrar que se la quitaron de manera ilegal y a pesar del miedo de la pequeña hacia su padre.

La separación entre la pareja se desarrolló sin conocimiento judicial y después de que un juez acordase un régimen de custodia compartida.

En este sentido, la acusación particular pide para este diputado y tres funcionarias una pena de 5 años y 6 meses de cárcel, 15 años de inhabilitación. Sumado a ello, también una indemnización a la madre de 600.000 euros por delitos de prevaricación, maltrato y lesiones físicas y psíquicas.

Por ahora solo queda esperar a la vista que se prolongará hasta el miércoles. En el juicio, el tribunal determinará si se trata de un caso de «violencia institucional» o si, por el contrario, y tal y como solicita la Fiscalía, se archivará el caso.

El caso de Rocío Carrasco

La realidad es que el caso Rocío Carrasco ha generado un gran impacto en su familia y en la de su ex marido, Antonio David Flores. Y también en toda la sociedad española.

A día de hoy la violencia de género es una de las peores lacras a combatir por parte de la sociedad.

En referencia a la reforma legal en España sobre los casos de maltrato machista, está podría haber sido útil a Rociíto para su caso. Pues, con esta modificación, una simple denuncia por malos tratos basta para suspender el régimen de visitas o estancia con sus hijos menores por parte del denunciado.

De esta manera lo establece la nueva modificación del artículo 94 del Código Civil, que va a entrar en vigor en el próximo septiembre.