Al mismo tiempo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha detallado algunas de las medidas que se pondrán en marcha próximamente. Principalmente, estas afectarán en el día a día de los consumidores y usuarios y a la vida cotidiana de los bares y restaurantes, que estarán obligados a dar agua del grifo gratis a los clientes que la pidan.
Los establecimientos deberán ofrecer agua corriente gratis
El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado así el inicio de una reorientación hacia un modelo de crecimiento más competitivo y eficiente en España, en el marco del compromiso de la Unión Europea con una economía circular más responsable con el planeta y las generaciones futuras.
En este marco, el ministerio de Transición Ecológica ha hablado de la aprobación de la Ley de Residuos y suelos contaminados que afecta a los plásticos de un solo uso, y de un real decreto para mejorar el control del traslado de los residuos.
Con la entrada en vigor de esta ley, los establecimientos del sector de la hostelería y restauración tendrán que ofrecer siempre a sus clientes la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera totalmente gratuita.
Sin ningún tipo de duda, previamente, el ayuntamiento o la empresa suministradora deberá garantizar que esa agua sea apta para el consumo humano.
Además, las administraciones públicas también tendrán la responsabilidad de adoptar medidas para reducir el consumo de agua embotellada en sus dependencias. Como consecuencia, se comprometen favorecer el fomento de fuentes de agua potable o agua en envases reutilizables.
Esta será la primera legislación española sobre la limitación de plásticos de un solo uso, que provocará que a partir del 1 de enero de 2023 quede prohibida la distribución gratuita de vasos para bebidas, incluidos tapas y tapones, y los recipientes para alimentos de consumo inmediato.
En el caso de los envases utilizados para comida rápida, el comerciante deberá cobrar por cada producto de plástico que entregue al consumidor y diferenciarlo en el ticket de compra, con lo que el ministerio de Transición Ecológica prevé la reducción de esos productos en un 50% en 2026 y en un 70% en 2030.