Uno de los conceptos que la pandemia ha dejado marcados en nuestro país es el acrónimo 'ERTE': expediente de regulación temporal del empleo. A pocos días del estallido de la crisis pandémica y de la instauración del primer estado de alarma, el Gobierno aprobó este mecanismo que permite, por fuerza mayor, salvaguardar puestos de trabajo que deben ser recuperados tras la extinción de la aprobada causa de fuerza mayor que permite, precisamente, la implantación del ERTE. A lo largo de el último año han sido millones los trabajadores y empresas españoles que se han visto envueltos en este mecanismo laboral.
Un planteamiento diferente para los ERTE...
Los ERTE caducaban, 'a priori', el próximo 31 de mayo, pero hace escasos días el Gobierno anunció que prolongaría su vigencia hasta el 30 de septiembre, en una prórroga que se está acabando de perfilar en la mesa tripartita que reúne semanalmente, cada viernes, a los representantes del Ejecutivo y de los agentes sociales. En la última reunión, el pasado 14 de mayo, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, planteó un cambio sustancial en el contenido de los expedientes de regulación temporal del empleo por fuerza mayor: ofrecer mayores exoneraciones a los empleados que vuelvan al trabajo que a los que sigan en ERTE.
La propuesta la lanzó Escrivá y consistía, concretamente, en que las exoneraciones de los trabajadores en ERTE se fueran reduciendo de forma progresiva desde el próximo mes de junio hasta el 30 de septiembre, cuando se situarían en el 50% de las actuales. Paralelamente, los empleados que fueran recuperando su actividad verían incrementadas estas exoneraciones a sus aportaciones a la Seguridad Social, que en los tres primeros meses sería de hasta el 30%. El plan de Escrivá es, por ahora, solo eso: un plan, propuesto por el ministerio de Seguridad Social y que por ahora no cuenta con consenso en el Ejecutivo.
Eso no significa que no se aplique, pero lo cierto es que no se trata de una propuesta pactada con el Gobierno en pleno, de forma que deberá vencer reticencias internas y, tras ello, las negociaciones con los sindicatos. De hecho, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, es reacia a hacer cambios en el modelo de los ERTEs, y busca evitar al máximo las modificaciones que se puedan implementar en este mecanismo. «Aquello que está funcionando no hay por qué cambiarlo», aseguró Díaz en unas declaraciones recientes sobre la cuestión.
... que necesitará consenso
La reunión del próximo viernes, 21 de mayo, va a esclarecer si la propuesta lanzada por Escrivá tira adelante y con qué matices lo hace o bien si es descartada ya de entrada. Además de una Yolanda Díaz poco partidaria de los cambios, Escrivá ve también como los sindicatos rehuyen su propuesta, en su posición de defensa de los 600.000 trabajadores españoles que, a día de hoy, continúan inmersos en un ERTE. «¿Si ha funcionado por qué ahora, que tenemos mucha menos gente en ERTE, hay que entrar en un debate absurdo que ya hemos rechazado otras veces? No hay que premiar la reincorporación de los trabajadores en ERTE porque la empresa los va a contratar igual si los necesita», declaraba a Radio Nacional de España el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
Habrá que ver, pues, en qué sentido se resuelve este planteamiento la mesa tripartita sobre los ERTEs y si la idea defendida por José Luis Escrivá se mantiene a grandes términos o finalmente decae. En todo caso, los ERTE van a seguir siendo protagonistas en lo que parece que es el tramo final de la pandemia por coronavirus, este verano de 2021.