Cada vez se van sabiendo más cosas de la reforma de las pensiones que está llevando a cabo el Gobierno. Un punto clave son los incentivos para retrasar la edad de jubilación, ya que el Gobierno quiere recompensar con 12.000 euros cada año que se siga en el mercado laboral más allá de los 65 años.
Si al final se incluye esta medida en la reforma, un trabajador con una pensión media de 15.000 euros, que haya cotizado al menos 44 años y medio y siga trabajando hasta los 66 años, recibirá un pago único de 6.913,65 euros. En el caso de las pensiones más bajas, los trabajadores que alarguen la jubilación recibirán un pago único de 5.264,89 euros. Para las pensiones más altas, este pago sería de 12.060,12 euros.
Por lo tanto, el Gobierno toma como referencia el pago único de 5.200 euros para las pensiones bajas, casi 7.000 para las medias, y 12.000 para las altas. La cantidad variará en función de las carreras laborales y los umbrales de jubilación, pero estos baremos ayudan a hacerse una idea de lo que supondrá esta nueva medida si finalmente sale adelante.
Y es que esta no es la única alternativa que el Gobierno tiene encima de la mesa. Lo que está claro es que el ministerio de Seguridad Social, encargado de la reforma de las pensiones, necesita hacer equilibrios para aumentar la recaudación y garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, sin recortarlas. Una tarea complicada que contempla otra opción, como el aumento de las pensiones en una cantidad fija del 4%.
En este caso, un pensionista medio obtendría una subida de 664 euros al años, que dividido en 14 pagas supone 47,4 euros al mes. En el caso de los jubilados con la pensión mínima, la subida sería de 27,3 euros al mes, unos 382 al año. Y para las jubilaciones más altas, el aumento sería de 107,3 euros mensuales, unos 1.500 anuales.
Esta fórmula podría suponer un beneficio para los pensionistas a largo plazo, pero al corto es claramente menos atractiva. La idea es sumar un 4% del total de la pensión para aquellos jubilados que trabajen al menos un año más, más allá de los 65 años. De momento, ambas opciones están encima de la mesa y no se descarta hacer una combinación de las dos.
Penalización de la jubilación anticipada
Pero además de las bonificaciones por retrasar la edad de jubilación, el Gobierno pretende castigar la jubilación anticipada. Esta penalización será mayor cuanto más pronto se abandone el mercado laboral y menor sea la vida laboral del trabajador. Actualmente ya existe una penalización, pero se calcula de forma trimestral, y la idea es ajustarla mes a mes y endurecerla para desincentivar la jubilación anticipada.
Así, actualmente un trabajador que tenga cotizados menos de 38 años y medio y quiere jubilarse a los 63 años, cobra una pensión un 16% más baja que si trabaja hasta los 65. Con la nueva reforma, su pensión quedaría recortada un 21%. Los que tienen cotizados más de 38 años y medio pierden un 15%, mientras que con la nueva reforma perderían un 19% de su pensión. En cambio, para los que han trabajado al menos 44 años y medio mantendrán el mismo nivel o incluso podrían ver mejorada la rebaja.
La base de cálculo será la clave
La clave en todo esto sigue siendo la base de cálculo de las pensiones, que es la medida más polémica del llamado plan Escrivá. En 2021 se necesitan 24 años cotizados, mientras que en 2022 la pensión se calculará en base a los últimos 25 años. La idea del Gobierno es ampliar la base de cálculo a los 35 años, algo que a la práctica supondrá la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas ya que los primeros años laborales suelen ser peores.
Tras la indignación que ha levantado esta propuesta del Gobierno, el ministro abrió la posibilidad de dar al trabajador a escoger entre los mejores años. Pero esto tampoco convence a los agentes sociales, que amenazan con romper la baraja de las negociaciones. Se prevé que esta cuestión llegue a la mesa de negociación durante la segunda mitad de 2021, y ahí se va a decidir lo importante sobre el futuro de las pensiones en España.