La Comisión Europea ha dicho 'basta' y exige cambios de importante calado a España en materia laboral. Bruselas ha dado un golpe sobre la mesa a un mes de que nuestro país presente el plan que le permita obtener 140.000 millones de euros en ayudas en concepto del fondo europeo de recuperación: España opta a ser el segundo país del continente receptor de ayudas, tan solo por detrás de Italia. Cabe recordar que de los 140.000 millones proyectados, casi 73.000 serán en forma de subvenciones a fondo perdido, una oportunidad única para que España presente un plan que le permita hacer realidad una verdadera transformación de su economía.
España debe resolver sus problemas estructurales en materia de empleo
A un mes, pues, de que a España le caduque el límite para presentar su plan, Europa ha querido plantar cara a nuestro país y recordar que España debe aplicar «una reforma integral y ambiciosa del mercado laboral» como «primera prioridad». Son palabras al diario 'El País' del vicepresidente europeo y comisario europeo del euro y el diálogo social, el letón Valdis Dombrovskis. Es una exigencia clara de la Comisión Europea de cara a la presentación del plan prevista para las próximas semanas: además de proponer reformas e inversiones a las que destinar las voluminosas ayudas, España debe cumplir en las tres materias en las que Europa le exige mejoras urgentes y radicales —empleo, pensiones y unidad de mercado.
En esta ocasión, el foco se ha puesto en la cuestión del empleo y, más concretamente, en uno de los asuntos candentes que tiene sobre la mesa la flamante vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz: la negociación acerca de la derogación parcial de la reforma laboral. Hace escasas dos semanas, el ejecutivo comenzó a reunir a los agentes sociales para tratar esta reforma legislativa. Las reuniones, lideradas por Yolanda Díaz, están aún en una fase incipiente —de hecho, la segunda estaba prevista para este martes, 30 de marzo.
Desde la Comisión Europea se observa con cierta preocupación la voluntad de reformar de forma parcial la legislación laboral vigente en nuestro país. La Comisión cree que los cambios podrían acarrear una menor flexibilidad del mercado laboral y, a su vez, que el plan de recuperación de España acabe siendo de menor alcance. Europa tiene conocimiento directo de los problemas estructurales del mercado laboral español y es consciente de que no son fruto de la crisis económica derivada del covid-19, sino que ya eran preexistentes; aunque la actual crisis ha contribuido a agravarlos y a dejarlos al descubierto.
En este sentido, la Unión Europea es la máxima defensora de la presente legislación laboral en España: dio pleno apoyo —y defiende todavía, a día de hoy—, la reforma laboral que en su momento impuso el gobierno del PP liderado por Mariano Rajoy. Desde su implantación, la Comisión ha admitido que puede ser modificada, pero ha subrayado en reiteradas ocasiones ante el gobierno de Pedro Sánchez que solo adopte nuevas medidas «tras haber evaluado cuidadosamente su eventual impacto» sobre los logros obtenidos por las anteriores medidas.
La dualidad del mercado de trabajo y el altísimo paro juvenil, los dos grandes problemas a superar en España
En este sentido, la Comisión Europea lo tiene claro: será exigente con España si su propuesta de plan de recuperación económica viene acompañada de una derogación parcial de la reforma laboral que acabe con medidas de la legislación actual que Europa ve positivas. En cambio, ya advierte que exigirá a España que, en la reforma que prepara, se incluyan medidas para los que considera los mayores problemas de nuestro país respecto al empleo: la dualidad en el mercado de trabajo y las cifras espantosas de paro juvenil.
«Una reforma integral y ambiciosa del mercado laboral es la primera prioridad, ya que el país debe abordar seriamente la dualidad de su mercado laboral y los altísimos niveles de desempleo juvenil», apostillaba en 'El País' el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis. Son problemas, pues, a combatir de manera prioritaria. Dicho de otra forma: o España presenta mecanismos para acabar con ellos o se opondrá abiertamente a la propuesta que lance la vicepresidenta Díaz y el Gobierno en su conjunto. Y claro está: ello tendrá una repercusión directa en los 140.000 millones de euros de los fondos de recuperación, que representan una oportunidad única para España para transformar su economía y dar un paso adelante en su progreso.
Dombrovskis también declara a 'El País' que «los intercambios entre las autoridades españolas con la Comisión han sido constructivos durante los últimos meses y esperamos que España pueda presentar su plan en las próximas semanas». De esta forma, desde el 'gobierno europeo' se da por hecho de que en pocas semanas España podrá darles cuenta de forma definitiva de su propuesta, que en general agrada a las instituciones europeas, pero a la que le falta incluir las propuestas en la dirección indicada por el comisario europeo del euro y el diálogo social. España se juega este abril una pieza capital para el futuro de su economía y, por lo tanto, de todo el país.