Pupitres vacíos en una aula de una escuela en España

Bronca de la ONU a España por Rubén, un niño con síndrome de Down de 10 años

Las autoridades españolas no evaluaron los requerimientos específicos del niño

Pupitres vacíos en una aula de una escuela en España
Rubén tendrá que ser admitido en un programa formativo inclusivo | España Diario

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas, ONU, ha denunciado que España violó el derecho a la educación inclusiva de un niño con síndrome de Down.

Rubén fue enviado a un centro de educación especial por las autoridades nacionales, a pesar de la objeción de sus padres en 2009. Con tan solo 10 años, la situación del menor comenzó a torcerse. Hasta entonces había mantenido buenas relaciones con sus compañeros de clase y profesores de una escuela de León, donde contaba con un asistente de educación especial.

Cuando Rubén comenzaba cuarto de Primaria se denunciaron presuntos malos tratos por parte de su maestro, el alumno comenzó a mostrar dificultades en el aprendizaje y un informe del centro mencionó un «retraso en el desarrollo asociado al síndrome de Down».

Violación de Derechos 

En junio de 2011, la Dirección Provincial de Educación autorizó la matriculación de Rubén en un centro de educación especial a pesar de la objeción de sus padres, señala el comunicado del comité de Naciones Unidas.

Los padres de Rubén recurrieron, sin éxito, la decisión de las autoridades educativas. Denunciaron los posibles que habría sufrido el menor, que no fueron investigados. Por este motivo elevaron el caso ante el comité de la ONU en 2017.

Tras examinar las alegaciones presentadas por ambas partes, el Comité llegó a la conclusión de que España violó el derecho de Rubén a la educación inclusiva. «No parece que las autoridades hayan realizado una evaluación razonable o un estudio profundo y pormenorizado de las necesidades educativas de Rubén», considera Markus Schefer, uno de los encargados de evaluar el conflicto.

Asimismo, la ONU entiende que las autoridades españolas no evaluaron los requerimientos específicos del niño. Por lo que no adoptaron medidas razonables que pudieran haberle permitido permanecer en la educación ordinaria. Todo ello a pesar de las obligaciones al respecto establecidas en la Convención Internacional Sobre Derechos de Personas con Discapacidad.

El organismo solicita a España que garantice que Rubén, actualmente en un centro privado de educación especial, sea admitido en un programa de formación profesional inclusivo, que se le conceda una indemnización y se investiguen efectivamente las denuncias de abuso.