Los dueños de un bar situado en la localidad de Torrox Costa, en Torrox, Málaga, han sido detenidos por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la salud pública o por falsedad documental, después de que se descubriese que obligaron a sus trabajadores, en situación irregular, a seguir trabajando a pesar de haberse contagiado de Covid-19 e incluso mostrar síntomas. Uno de ellos, de hecho, acabó en la UCI tras agravarse su estado de salud.
Según han informado fuentes policiales, una pareja de origen argentino y con nacionalidad española que regenta el restaurante Cafetería de Javier El Chicle, en Torrox, se contagió de Covid-19 en septiembre y mostraron algunos síntomas, pero defendieron que se trataba de un resfriado común y siguieron asistiendo al restaurante, contagiando así a una parte de sus trabajadores.
Cuando ellos también enfermaron y se hicieron la prueba diagnóstica, los resultados fueron positivos, pero en lugar de cumplir con los protocolos, los dueños del negocio les amenazaron con despedirles o no pagarles el sueldo si se ausentaban de su lugar de trabajo, aprovechándose de que los trabajadores estaban en situación irregular.
Fue uno de los empleados, un ciudadano extranjero en situación irregular, quien denunció el caso a pesar de que no tenía permiso de trabajo ni de residencia en España. La víctima denunció las «condiciones abusivas» que sufría, incluyendo el contagio por Covid-19, lo que inició una investigación que acabó con los dos propietarios detenidos.
En total fueron dos cocineros y un camarero los que mostraron síntomas de Covid-19 después de que los propietarios les contagiasen, y aunque el camarero llevaba mascarilla, por trabajar de cara al público, los dueños no proporcionaban mascarilla a los cocineros, que siguieron trabajando poniendo en peligro la salud de todos los clientes que acudieron al bar. Se da la circunstancia de que uno de los empleados terminó ingresado en la UCI del hospital tras agravarse su estado de salud.
La mala situación laboral de estos trabajadores no terminó ahí, porque tras las respectivas investigaciones, la Policía terminó descubriendo que estaban en situación irregular y que los empleadores se aprovecharon de ello, incluso obligándoles a aprenderse números de filiación a la Seguridad Social de terceras personas, por si llegaba una inspección de trabajo.
El 16 de diciembre, después de las investigaciones, agentes del Grupo II de la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) de la Comisaría Provincial de Málaga, así como del grupo operativo de extranjeros de la Comisaría de Vélez-Málaga, inspeccionaron el bar junto a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
Tras comprobarse varios hechos delictivos, la pareja de dueños del local fue detenida por delitos contra la salud pública, por falsedad documental y por un delito contra los derechos laborales de sus trabajadores. El 'Diario Sur' ha contactado directamente con los dueños, que se negaron a hacer declaraciones «hasta consultarlo» con sus abogados.
Miedo a perder el trabajo por Covid
El de este restaurante de Torrox no ha sido el único que hemos conocido a lo largo de estos meses en los que se ha obligado a trabajadores a acudir a sus puestos de trabajo con síntomas e incluso una prueba positiva de Covid-19, incumpliendo así los protocolos establecidos por Sanidad sobre la cuarentena obligatoria.
Y lo que es peor, pone de manifiesto las dificultades de algunos trabajadores, muchos de ellos en situación irregular, para seguir esos protocolos por miedo a perder su trabajo, y con él, su fuente de ingresos.
Esta es la razón, por ejemplo, que hizo que los primeros brotes de Covid-19 de la segunda ola se descontrolasen en algunas zonas de España, y que estuvieron protagonizados por temporeros del campo.
Según se evidenció durante las últimas semanas de junio y las primeras de julio, muchos trabajadores, la mayoría sin papeles y cobrando en negro, hicieron muy difícil trazar los casos y contagios de Covid-19 en algunas zonas de Lleida y Huesca, hasta que la transmisión del virus se volvió comunitaria y se tuvieron que empezar a tomar las primeras restricciones específicas tras el estado de alarma de marzo.
Muchos de esos trabajadores sabían que si se hacían una prueba y daban positivo tendrían que estar dos semanas en cuarentena —en aquel momento eran 14 días de cuarentena obligatoria, más que los 10 actuales—, y para ellos, eso significaba perder dos semanas de trabajo en pleno verano, que es precisamente la época del año en la que más pueden trabajar por las temporadas de recogida de distintas frutas.
Además, si se hacían la prueba y daban positivo, ponían muchas trabas para dar a conocer a sus amigos y compañeros temporeros, precisamente por la misma razón. A todo eso se sumaba el hecho de ser trabajadores irregulares y temer que las autoridades pudieran iniciar acciones contra ellos.
Así, la Covid-19 se ha convertido en una nueva preocupación más para los trabajadores en España que tienen condiciones laborales muy desfavorables, y que explica por qué en el caso del bar de Torrox, los trabajadores tuvieron miedo de denunciar los hechos a los que se vieron sometidos.