La extrema izquierda española tiene una fecha marcada en rojo en el calendario: el 20-M. Este es el día elegido para dar salida a la rabia contenida durante los últimos meses. En la memoria sigue el encarcelamiento del rapero Pablo Hásel, la chispa que prendió la mecha de un descontento mucho más profundo en medio de la crisis que vive España.
La llamada a llenar las calles de Madrid y Barcelona han puesto en alerta a la policía, que teme un nuevo estallido de violencia en las calles. A la convocatoria se sumarán también Tarragona, Lérida y Gerona, además de Gijón, Alicante, Málaga o Zaragoza.
En estos lugares se han convocado concentraciones para reclamar la libertad del rapero Pablo Hásel, pero la policía tiene su atención fijada en lo que puede pasar en Madrid. Allí, un conglomerado de organizaciones y colectivos antifascistas, donde predominan los grupos anarquistas, amenazan con tomar las calles y convertir la capital en un infierno.
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El núcleo duro de esta amalgama se encuentra reunido en el Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR), una plataforma antifascista que difunde sus convocatorias por canales de Telegram y que lleva días caldeando el ambiente con una campaña de pintadas en edificios emblemáticos de Madrid. En ellos se puede leer «Violencia es abuso policial», «Violencia son los desahucios» o «Violencia es privatizar».
Las pintadas llevan una fecha, una hora y un lugar: «20-M, 19h, Atocha». Será un nuevo reto para la policía, que en las últimas manifestaciones ya sufrieron los ataques enfurecidos de los grupos más desinhibidos. No hubo ni de lejos la violencia que se desató en Barcelona, pero aun así se vivieron incidentes graves como la agente derribada con un patinete y golpeada en el suelo con una barra de hierro.
Los detenidos de aquellas jornadas eran mayoritariamente menores de edad, y esta es una de las características de este tipo de altercados. Cada vez están protagonizados por gente más joven. La izquierda señala que es debido al estallido de rabia de una nueva generación de jóvenes sin futuro ni perspectiva por las sucesivas crisis. Pero la policía lo atribuye a una utilización de estos menores por parte de los grupos radicales, ya que al ser detenidos tienen menores consecuencias penales.
Los grupos más activos en Madrid
El movimiento antirrepresivo tiene su centro neurálgico en La Traba, un famoso Centro Social Okupado (CSO) ubicado en Atocha. Lo forman una treintena de grupos repartidos por barrios mayoritariamente del sur, como Vallecas, Carabanchel, Moratalaz, Vicálvaro y Usera. La policía tiene identificados en estos barrios, y algunos del centro y el norte de la capital, como Juventud Activa del Pilar, Trinchera Noroeste, Juventud Antifascitas de Hortaleza, Distrito 14, Rebeldía Vallekas y Prosperidad 16.
Estos grupos se ven reforzados además por otros de la periferia en los que destacan el Colectivo Antifascista de Fuenlabrada, Alkorkón Comativo, KAF Coslada, Comité 1-20 y Resistencia Antifascista de Parla. A ellos se suman los de fuera de Madrid, en especial Izquierda Castellana y Yesca.
Entre 100 y 600 euros de multa
La policía se encuentra con el reto de hacer frente a este conglomerado de organizaciones que no tienen un líder ni funcionan de forma homogénea. En esta ocasión, el Movimiento Antirrepresivo ha convocado la protesta pero no la comunicará a la delegación del Gobierno como marca la norma, sino que se celebrará de forma clandestina.
El propio movimiento reconoce que en otras ocasiones ha comunicado las manifestaciones y han sido prohibidas, y esta vez no lo han hecho para que no les pase lo mismo. En todo caso, la manifestación no es ilegal, sino simplemente no comunicada. Un leve matiz pero de gran importancia a nivel de las consecuencias penales.
Si el Gobierno prohíbe una manifestación, entonces es ilegal y los organizadores se enfrentarían a penas de entre 6 meses y 1 año de cárcel. De esta forma, al no convocar la concentración solo se enfrentan a una multa de entre 100 y 600 euros, que se pagan con las aportaciones solidarias del movimiento antirrepresivo.
El problema para la policía es que estas manifestaciones son más imprevisibles porque se pueden descontrolar en cualquier momento. Con la experiencia de lo que ha sucedido en las últimas ocasiones, la policía sabe que esto sucede «cuando aparecen los anarquistas». La policía no quiere que suceda como en Barcelona, donde una pequeña minoría la lía cuando la mayoría ya se ha ido a casa.
Entonces empieza una guerra de guerrillas por el centro urbano con destrozos, saqueos, incendios y una gran violencia contra la policía. El último ejemplo pudo acabar en tragedia: una anarquista italiana prendió fuego a una furgoneta de la Guardia Urbana con agentes dentro, que pudieron salir a tiempo.
Esperan hasta 4.000 personas
En Madrid no hay tanta influencia de los grupos anarquistas extranjeros, que sí están más enraizados en la realidad del movimiento antifascista en Barcelona. Pero la policía es consciente del riesgo que tiene la presencia de pequeños grupos anarquistas en concentraciones multitudinarias como las de Madrid.
La policía tiene claro del riesgo que entraña la convocatoria del sábado, ya que la extrema izquierda «es capaz de convocar fácilmente a 3.000 o 4.000 personas». La manifestación prevé empezar en Atocha y acabar en Cibeles. La convocatoria se ha hecho por redes sociales y se está haciendo de forma discreta para jugar con el factor sorpresa. Los centros de información de la policía lo tienen claro: «El 20 de marzo, la extrema izquierda la va a liar en Madrid».