Niños en el colegio con mascarilla

Aseguran que más de 2 millones de niños de España tendrán que cambiar de colegio

La plazas de las escuelas públicas y privadas concertadas serán reguladas por las administraciones

Son más de dos millones los niños que asisten a centros educativos concertados. Una cifra que no ha dejado de crecer año tras año pero que, sin embargo, podría verse afectada con la implantación de la nueva ley de educación. 

Según la Ley Celaá, que actualmente está siendo tramitada con gran celeridad en el Congreso, será eliminada la «demanda social» para la oferta de la enseñanza concertada.

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«Lo he dicho siempre; el proyecto de ley no hace ningún ataque a la concertada, es plenamente consciente de la libertad de elección de las familias y de que la prestación del servicio público se realiza a través de los centros públicos y privados concertados. Este proyecto mantiene el compromiso con la legislación vigente y con el artículo 27 de la Constitución», defendía la ministra de Educación, Isabel Celaá, de quien recibe el nombre la nueva normativa.

El proyecto tan solo fue aprobado por el PSOE en el año 2018 y desde entonces ha ido sufriendo modificaciones por parte del resto de partidos políticos.

Serán las administraciones las que regularán la admisión de alumnos tanto en centros públicos como en privados concertados, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por parte de los padres, madres o tutores legales. Por lo tanto, las plazas en los colegios públicos y concertados variarán en función de la solicitud de los padres. 

De esta forma, se está modificando uno de los artículos más delicados para la educación concertada y desde la plataforma Más Plurales han señalado que si esta se pone en marcha, las escuelas concertadas desaparecerán en un plazo de «cinco a diez años». 

Además, la enmienda recoge un nuevo apartado, incluido por el PSOE y Podemos, que destaca que «las Administraciones educativas promoverán progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública». 

La etapa que más preocupa

Sin embargo, la mayor preocupación está en la etapa infantil (0-3 años), porque es donde el Gobierno ha incidido siempre, ya que una vez que los niños empiecen el colegio, será muy difícil cambiarlos a otro centro. Este año se han ofrecido en esta etapa un total de 200.790.000 euros para esas plazas. 

Por otro lado, el PSOE y Podemos están promoviendo la creación de «comisiones u órganos de garantías de admisión», de tal manera que se pueda tener controlado quién se escolariza y dónde lo hace y, por lo tanto, poder «supervisar el proceso de admisión del alumnado» con el objetivo de evitar «la segregación por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza». 

Asimismo, el Gobierno de coalición ha modificado el artículo 87 de la Ley Celaá que trata sobre el «equilibrio en la admisión de alumnos» para apuntar que las administraciones educativas «autorizarán un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos por aula en los centros públicos y privados concertados». 

Una medida que también tiene la finalidad de combatir «contra la segregación», teniendo en cuenta que, en su mayoría, los alumnos que se incorporan de forma tardía son los inmigrantes, y que podría suponer una difícil elección para las familias por la limitación de la oferta de los colegios. 

El castellano ya no será la lengua vehicular en las aulas

Otro apartado de la Ley Celaá que también ha tenido mucha repercusión ha sido la eliminación del castellano como lengua vehicular. De esta forma, las comunidades autónomas con lenguas propias, podrán decidido en qué idioma se importen las asignaturas. 

Algo que ha causado un gran revuelo en Cataluña, ya que muchos temen que desaparezca el castellano de las aulas, donde más del 50% de personas hablan esta lengua como idioma principal.