Es una realidad que uno de los protagonistas en toda esta actual pandemia de la covid-19 y que en todo momento ha estado trabajando y luchando por esta misma al pie del cañón, han sido los trabajadores que han permanecido en primera línea, entre ellos, el equipo sanitario.
En este sentido, son muchos los sanitarios los que no se han sentido protegidos por parte de las instituciones en todo este trance sanitario y los desencadenantes que ha traído consigo esta crisis del coronavirus. Tanto es así, que actualmente la Seguridad Social ha reclamado a una médica jubilada que trabajó en la atención primaria de Manresa, en Barcelona.
Durante la pasada primavera, en la primera ola de la pandemia, que devuelva la cantidad económica correspondiente a la pensión que recibió por su estado de jubilación, durante los meses que había proporcionado su ayuda y en los que había estado contratada por el centro hospitalario.
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La cantidad total estimada se sitúa en los 3.000 euros
Por su parte, fuentes del Colegio de Médicos de Barcelona, encargados de asesorarla jurídicamente, confirman que la Seguridad Social exige a la médico Anna Vidal que devuelva dicha cantidad por prestación de su jubilación, al considerarla ‘incompatible’ con el contrato que firmó.
Fue Anna jubilada ya hace dos años, en septiembre de 2019, la que, sin pensárselo dos veces, decidió regresar a su puesto de trabajo después de que la Generalitat les pidiera colaboración y ayuda a los sanitarios ya retirados con el fin de reforzar el sistema sanitario, que se situaba en una posición muy crítica y de riesgo de colapso por la pandemia del coronavirus.
Tras esta petición, la médica se trasladó a la Fundació Althaia, una entidad de carácter privado y responsable de la gestión de los centros de atención primaria de la zona de Manresa, quienes a posteriori le hicieron un contrato laboral y la destinaron a ejercer labores telefónicas con el fin de despejarle trabajo al resto de trabajadores sanitarios, mientras contestaba y hacía un seguimiento telefónico a los pacientes infectados con Covid-19
Todo parecía marchar perfectamente, ya que la orden con la que el Ministerio de Sanidad permitió que estos trabajadores sanitarios volvieran a sus puestos de trabajo para poder ayudar así en el arduo transcurso contra la Covid-19 sin dejar de cobrar su pensión, algo que solo estaría contemplado en los contratos estatutarios, es decir, los contratos vinculados a centros del Institut Català de la Salut (ICS).
La sorpresa llegó después cuando, en noviembre de 2020 Anna, sin esperarlo, recibió una notificación en la que se le informaba que con el trabajo que estaba desarrollando no era compatible el cobro de una parte de su pensión, tras el contrato que realizó, por lo que ahora le descuentan 400 euros todos los meses hasta completar los 3.000 que le pide la Seguridad Social.
Rápidamente, la afectada ya ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque dada la ambigüedad de la orden ministerial, por el momento no tienen claro que vayan a ganar.
En esta línea, el Colegio de Médicos de Barcelona tiene certeza de otros dos casos de profesionales jubilados que se sitúan en la misma situación, aunque aseguran que debe haber más sanitarios perjudicados por este tipo de características similares.
Tanto Anna como el resto de sanitarios, tan solo intentaron aportar su granito de arena, pero, de cara a las instituciones, fue algo que les ha salido bastante caro. Por último, la institución ha instado a la administración a llevar a cabo una serie de cambios normativos para evitar que la Seguridad Social penalice a los médicos jubilados que se reincorporan en pandemia para ayudar al resto de la ciudadanía.