El PP no quiere otro Estado de Alarma y apuesta por restricciones a la restauración y al ocio. El fin no es otro que ‘forzar’ a los ciudadanos a quedarse en casa sin afectar a derechos fundamentales.
La Comunidad de Madrid ultima un plan con nuevas medidas que deberán aplicarse en la región a partir de este fin de semana, cuando el estado de alarma, previsiblemente, decaiga.
El Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aseguró ayer que una de las medidas que se iban a tener en cuenta era la posibilidad de un toque de queda como el aprobado en varias ciudades francesas. El fin es restringir la movilidad ciudadana durante algunas horas, enfocadas a la noche, lo que supone necesariamente una cobertura legal desde el Ejecutivo central.
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Fuentes del PP descartan la prórroga del estado de alarma. Y es que para ellos no es el camino correcto. De hecho, poco después de que Escudero hablara del toque de queda, el consejero de Justicia y cerebro jurídico de la dirección nacional del PP, Enrique López, lo matizó.
La idea más ajustada sería la de limitar la actividad económica a una hora determinada para forzar a los ciudadanos a irse a sus casas antes. De esta forma, se evitaría la suspensión de un derecho fundamental como es la movilidad. Las medidas se centrarían solo en limitaciones horarias a ocio y restauración.
Desde la Comunidad de Madrid aseguran que por el momento es «solo una propuesta que se está estudiando» y reconocen que hace falta ver «la herramienta jurídica» con la que se llevaría a cabo.
Por su parte el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha aceptado estudiar con todas las comunidades autónomas la fórmula del toque de queda, aunque ha avisado de que esta medida requeriría la declaración del estado de alarma. Para llevarla a cabo Illa afirmaba ayer que sería necesario saber qué piensan el resto de los grupos parlamentarios y muy especialmente del PP. Y es que al Ejecutivo de Pedro Sánchez no sele gustaría que el PP se comprometiese a apoyar en el Congreso una prórroga si fuera necesario mantener esta medida más allá de los 15 días que se puede decretar sin apoyo expreso del Parlamento.