Algunas de las herencias que deja el Coronavirus es el teletrabajo, la posibilidad de trabajar desde casa a través de medio telemáticos, que fue una circunstancia excepcional durante el confinamiento, pero que puede convertirse en habitual en un futuro próximo. Ahora, el Gobierno y los sindicatos han llegado a un acuerdo pionero e insólito en ese ámbito.
Se trata de la normativa para regular el teletrabajo en los puestos de la Administración General del Estado, los funcionario, que podrán trabajar hasta cuatro de los cinco días de la semana desde casa, si cumplen los requisitos. El principio de acuerdo tiene que ser ratificado por Política Territorial y Función Pública, el departamento que lidera Carolina Darias.
Pero la resolución que ultimaron anoche agentes sindicales y altos cargos del ministerio avanza la regulación de la organización del trabajo durante la nueva normalidad, que contempla los casos en los que los funcionarios podrán teletrabajar cuatro días a la semana.
Se trata de aquellos trabajadores de la Administración General del Estado que tengan hijos menores de 14 años, que estén al cuidado de personas dependientes o con discapacidad, o que pertenezcan a colectivos vulnerables al Coronavirus. El resto del personal podrá trabajar de manera no presencial al menos un día a la semana.
El documento está firmado por el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spinola, y establece las condiciones en que los funcionarios podrán trabajar a partir del próximo lunes 22 de junio, fecha en la que empieza la «nueva normalidad» hasta que se declare el fin de la pandemia.
La nueva regulación establece que hasta un 20% de la jornada semanal será presencial para los colectivos priorizables, que cumplen los tres requisitos citados anteriormente, y que un mínimo del 20% de la jornadasemanal será presencial para el resto del personal. La novedad es que el texto se resiste a hablar de teletrabajo y lo llama «modalidad no presencial».
200.000 trabajadores
El texto recoge también que el trabajador puede acogerse a esta fórmula, pero volver a la original si lo desea o si las necesidades del servicio lo requieren, y por lo tanto, que la elección será reversible en todo caso.
Además, el acuerdo no establece una obligación, así que el teletrabajo será siempre algo voluntario aunque la resolución refleje la tendencia generalizada al trabajo no presencial en la administración. El teletrabajo se desarrollará durante los días que la empresa y el trabajador negocien, con un máximo de cuatro, pudiendo ser uno, dos, tres, o ninguno.
Para los funcionarios que no integren los colectivos prioritarios, el acuerdo garantiza que podrán teletrabajar por lo menos un día, lo que abre la posibilidad de que puedan ser más si así lo negocian con la empresa.
La nueva normativa cubre aproximadamente 200.000 hombres y mujeres que trabajan en los servicios de la administración del Estado, como oficinas de los ministerios, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la Policía, la DGT y muchos otros. El acuerdo no afecta al funcionariado de la comunidades autónomas, aunque no se descarta que acabe llegando también a ellos.
Para el Gobierno, se trata de una mejora de la conciliación del desarrollo profesional con la vida personal y familiar, además de un compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres, y la «corresponsabilidad». El sindicato mayoritario de funcionarios, el CSIF, lo define como un avance histórico en la conciliación de la vida laboral y familiar.