A partir de hoy jueves 21 de mayo, el uso de mascarillas será obligatorio, así lo ha establecido el gobierno de Pedro Sánchez mediante la orden ministerial SND/422/2020 publicada en el BOE. Su uso se limitará tanto en espacios cerrados como en la calle siempre y cuando no se pueda garantizar la distancia mínima de seguridad de dos metros.
Los ciudadanos deberemos ser conscientes de que es una de las medidas básicas para evitar el contagio por Covid-19, recayendo en nosotros el sentido de la responsabilidad, pues de ello depende que poco a poco podamos volver a disfrutar de la «nueva normalidad».
Para velar que se cumple la normativa, las Fuerzas de Seguridad del Estado, además de las policías autonómicas y locales, trabajarán en conjunto controlando que los ciudadanos vayamos bien protegidos. Desde el Ministerio del Interior ya han comenzado a instruir a los agentes sobre cómo deben actuar cuando se encuentren a algún ciudadano que no lleve mascarilla.
Así mismo, los primeros días se intensificará una labor «pedagógica» que consistirá en hacer saber a la ciudadanía la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Una acción parecida a la llevada a cabo durante los primeros días del confinamiento donde las multas por su incumplimiento eran la última opción a tomar.
«Cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tengan conocimiento de supuestos de incumplimiento de la Orden del Ministerio de Sanidad, requerirán a la persona que cometa ese incumplimiento que proceda a ponerse la mascarilla o que se retire a una zona en la que sea posible mantener la distancia de seguridad interpersonal» explican fuentes del departamento que dirige Fernando Grande Marlaska.
Cuando el ciudadano no lleve mascarilla en espacios cerrados de uso público o abiertos al público «se requerirá a la persona que abandone dicho espacio». La cosa se pondrá seria si dicha persona no atiende la recomendación de los agentes, en ese momento se le aplicará el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana y podrán proceder a interponer una multa que irá entre los 600 y 30.000 euros, dependiendo del grado de desobediencia o resistencia.