El Gobierno ha insistido en las últimas semanas en que la vacuna contra el Covid-19, que ya se está administrando en España desde hace algunas semanas, no será obligatoria, como no lo es ninguna del resto de vacunas que se administran en nuestro país para otras enfermedades.
A pesar de esto, existen muchas dudas en la sociedad sobre si, en determinadas circunstancias, podría obligarse a los ciudadanos a ponerse la vacuna en contra de su voluntad, algo que Sanidad ha descartado muchas veces y que, actualmente, solo podría suceder tras una sentencia judicial.
Ni siquiera los empresarios tienen potestad para obligar a sus trabajadores a vacunarse, tal como ha señalado Teresa Ezquerra, abogada de Abencys, que ha matizado que las empresas sí que podrán «ofrecer a sus empleados la vacunación frente a enfermedades no asociadas al puesto de trabajo, siendo estos quienes acepten dicho ofrecimiento de manera voluntaria».
Es decir, las empresas pueden ofrecer a sus trabajadores vacunarse contra el Covid-19, para así garantizar un espacio de trabajo seguro y anulando la posibilidad de contagio de sus trabajadores mientras desarrollan sus obligaciones laborales, pero en ningún caso podrá obligarles a ello.
Por lo menos, esto es así con la legislación vigente, aunque el despacho de abogados no descarta que esa legislación pueda cambiarse para amparar la obligatoriedad de la vacuna.
Actualmente hay dos leyes en España que permitirían obligar a vacunar. Una es la Ley Orgánica 4/1981 del 1 de junio, de estado de alarma, excepción y sitio, que en su artículo 12 establece que las administraciones competentes podrán adoptar medidas en «la lucha contra enfermedades infecciosas».
La otra es la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, que en su artículo 1 establece que «las autoridades sanitarias de las distintas administraciones públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad», y siempre «al objeto de proteger la salud pública».
Un juez deberá decidir en cada caso si se obliga a vacunar
Acorde con estas leyes, el Gobierno central o los autonómicos podrían hacer obligatoria la vacuna del Covid-19 para proteger la salud pública, algo que de momento se ha descartado desde Sanidad, pero no permite a las empresas privadas a hacer lo mismo.
En el caso de que un empresario quisiera obligar a sus trabajadores a vacunarse, debería plantear un requerimiento judicial y pedirle a un juez que establezca esa obligatoriedad, siempre valorando cada caso concreto.
En España ya se han dado casos en los que los jueces han obligado a vacunar a determinadas personas aludiendo a un peligro contra la salud pública, como el 24 de diciembre del 2010, cuando un juez obligó a vacunar a 35 niños después de que se produjese un brote de sarampión en un colegio de Granada.
En el caso del Covid, el miércoles, 13 de enero, se conoció el primer caso de un juez que obliga a la vacunación de una persona. En este caso, los jueces respondieron al requerimiento de una residencia de Santiago de Compostela que quería vacunar a una de sus residentes, que no estaba en disposición de decidir por ella misma.
La hija de esta residente había rechazado la vacunación, pero la residencia entendió que era necesario vacunar a todos los residentes, siempre que no haya cuestiones médicas que lo desaconsejasen, para salvaguardar la salud de todos los residentes. El juez dio la razón a la residencia, que obliga a que los familiares permitan la vacunación de esta mujer, aunque la sentencia no fue firme y cabe recurso por parte de los familiares.
A pesar de todo, hay otros factores a tener en cuenta sobre la vacuna. Aunque una empresa no pueda obligar a sus trabajadores a ponérsela, hay quien defiende que los empresarios pueden despedir a sus trabajadores y estos deciden no aceptar la vacunación.
Así lo defendió Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, quien argumenta que un empresario podría decidir despedir a un trabajador que no quiera ponerse la vacuna si considera que comete una acción que va contra la prevención de riesgos laborales.
De hecho, la abogada defiende que «si el empresario evalúa que para presentar y prevenir la salud de sus trabajadores, estos tienen que tener la vacuna de la Covid y la incluye en el plan de prevención de riesgos laborales, el trabajador está obligado a recibirla».
En conclusión, un empresario no puede obligar a su trabajador a ponerse la vacuna, pero sí que podría despedirlo al considerar que atenta contra la prevención de riesgos laborales y contra la salud del resto de trabajadores.
En este caso, la decisión también acabaría recayendo en un juez, que valorará, caso por caso, qué es más importante proteger, si la salud pública o los derechos individuales de cada trabajador.