El 1 de septiembre está a la vuelta de la esquina. A partir de entonces, se levantarán las barreras en varios tramos de las carreteras españolas. Esto tiene lugar en pleno debate sobre extenteder o no los peajes a toda la red de vías de alta capacidad en el país.
Los peajes pasarán a ser gratuitos en una semana
La próxima semana, alrededor de 550 kilómetros de autopistas que ahora son de pago serán de uso gratuito. El 1 de septiembre entrará en vigor la liberalización de dos vías de titularidad estatal, la AP-2 y dos tramos de la AP-7.
Además, también quedarán libres de pago dos carreteras que gestiona la Generalitat de Catalunya, la C-32 y la C-33.
La AP-2, que une Alfajarín, Zaragoza, con el municipio de El Vendrell, Tarragona, tiene una longitud de 215 kilómetros. Actualmente, cuesta 20,65 euros para los coches. A partir de la próxima semana, este recorrido será gratuito.
Esta apertura será una alternativa a la N-II donde el trasiego era muy alto, debido a su gratuidad. No obstante, supone un gran peligro por la menor seguridad frente a una autopista.
El tramo que quedará libre de peajes en la AP-7 es el que une Tarragona y La Junquera a lo largo de 245 kilómetros y que cuesta 28,85 euros. También el que conecta Montmeló y El Papiol, de 31 kilómetros.
Además, el Gobierno catalán retirará los pagos en dos de las vías que gestiona. La C-32 que une Barcelona y Lloret de Mar, Gerona, a lo largo de 48 kilómetros será una de ellas. La otra, la que enlaza Montmeló y Barcelona, unos 15 kilómetros de distancia.
Todas estas vías que quedarán libres de pago el próximo mes se sumarán a la AP-1, que pasó a ser gratuita en 2018. La AP-4, que une Sevilla y Cádiz, y el tramo que enlaza Alicante con Tarragona en la AP-7, se liberaron a comienzos de 2020.
La necesidad de llevar a cabo una estrategia cuanto antes
Aunque puede resultar contradictorio suprimir peajes en un momento en el que Gobierno se plantea la idoneidad de extenderlos por todo el país, no lo es para el Ejecutivo.
De hecho, para el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se trata de una medida coherente.
Su argumento para aplicar esta medida, más allá del técnico, es que lo más justo es eliminar estos pagos hasta decidir qué hacer. Es necesario definir una estrategia para costear el mantenimiento del conjunto de las vías de alta capacidad en nuestro país.
Está en manos del Ejecutivo elegir entre soportar los altos costes de mantenimiento de las autopistas o implantar peajes destinados específicamente a la conservación.
La restitución de las concesiones de autopistas de peaje supondrá en 2021 un alza del déficit público de 286 millones. Serán 478 millones anuales a partir de 2022, según datos de Seopan.
El movimiento más claro del Gobierno hasta ahora a favor de los peajes se dio en mayo. El Plan de Recuperación remitido por el Ejecutivo a Bruselas para argumentar la llegada de los 70 000 millones de euros del fondo Next Generation prevé una actuación.
Esta supondría la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría establecerse a partir del año 2024.
En Europa, impera el principio de que el que usa paga. Por eso, “les parece inconcebible que tengamos la mayor red, no paguemos y además estemos pidiendo fondos sin que saquemos rentabilidad a lo que tenemos”, afirmó José Luis Ábalos haces unos meses.
Está claro que este asunto continuará generando debate todavía algún tiempo. Y es que no es una decisión fácil de tomar para nadie. Seguramente, sea cual sea la opción escogida por el Gobierno generará polémica en la ciudadanía.