Durante este estado de alarma uno de los motivos que más ha empujado a la gente a respetar el confinamiento, más allá de la responsabilidad colectiva para detener el virus, han sido las duras sanciones que la policía podía aplicar. En total, se han acumulado ya más de un millón de multas, pero un agujero legal puede hacer que gran parte de ellas no se acaben abonando.
Miles de sanciones pueden quedar anuladas
Según explica el portal 'Voz Pópuli', parece que la redacción del artículo 1.3 de la Ley Orgánica de 1981, que regula el estado de alarma, puede deja lugar a interpretaciones diversas y poco claras. En concreto, el mencionado artículo señala que «finalizada la vigencia de los estados de alarma, excepción o sitio», dejan de tener valor todas las competencias en materia sancionadora y preventiva, siempre que no «consistan en sanciones firmes».
Los expertos avisan del peligro de este posible vacío legal
En definitiva, el redactado, que no se ha interpretado hasta hoy en día y no tiene jurisprudencia, viene a señalar que, si durante la tramitación todavía no se ha notificado ninguna sanción o esta ha sido recurrida con resolución pendiente, esta pierde cualquier valor. Según el letrado Ricard Santolaya, se trata de un «agujero» legal que puede anular miles de sanciones.
Una opinión con la que concuerdan otros expertos en la materia, que sin embargo avisan de que, si finalmente se impone esta interpretación, las sanciones se convertirían en «un instrumento para transmitir temor a la población», según el abogado Carlos Melón, en declaraciones al medio citado. Recordemos que otro posible vacío legal también señala que, si no hay desobediencia o resistencia a la autoridad, las sanciones también pierden cualquier razón de ser.