Gobierno y sindicatos han acordado en las últimas horas una subida de las cotizaciones que pagan trabajadores y empresas para sostener las pensiones. El acuerdo no cuenta con el visto bueno de los empresarios, y supone un aumento de la cotización a la Seguridad Social hasta 2032. Esto tiene un impacto directo en tu nómina a final de mes.
La modificación se enmarca en el plan de reforma de las pensiones que lleva a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez. El objetivo es poder hacer frente al gasto de las pensiones en el futuro sin tener que bajar la cuantía. Para ello, la prioridad es volver a llenar el fondo de reserva, que había quedado bajo mínimos en los últimos años.
En el marco de la reforma de las pensiones que lleva adelante el Gobierno se ha aprobado el aumento de las cotizaciones para costear el sistema público de pensiones. A partir de ahora, los trabajadores y las empresas tendrán que aportar más para garantizar la supervivencia de las pensiones públicas. ¿Qué supondrá esto a efectos prácticos?
¿Cómo queda tu sueldo?
Gobierno y sindicatos han aprobado subir las cotizaciones un 0,6% a partir de 2023. Esto supone un aumento del 0,5% de la cotización de las empresas, y de un 0,1% de los trabajadores. En estos momentos, las empresas cargan con el 23,6% de la base de cotización, mientras que los trabajadores cotizan un 4,7%.
Con el nuevo cambio, las empresas pasarán a cotizar el 24,1% y los trabajadores el 4,8%. Para un trabajador con la base mínima de cotización, 1.050 euros al mes, esto supondrá 1,05 euros menos en la nómina (12,6 euros menos al año). Para empleados con máxima cotización, 4.070 euros al mes, la pérdida será de 4,07 euros al mes, o sea, 48,84 al año.
¿Cuándo entra en vigor?
La medida tiene como objetivo aumentar las arcas del fondo de reserva de las pensiones, que se encuentra en crisis. El dinero extra que se consiga con el aumento de la cotización servirá para asegurar el sistema de pensiones a partir de 2033. Esta será una fecha crítica, porque se empezarán a jubilar la generación del baby boom.
El Gobierno teme una quiebra del sistema público de pensiones ante la previsión de una jubilación masiva de españoles en 2033. Para corregir ese problema, se introducirán las nuevas cotizaciones, que entrarán en vigor en 2023. La medida estará vigente durante una década, hasta finales de 2032.
¿Garantiza el futuro de las pensiones?
En 2023, el Gobierno evaluará las previsiones de gasto de la Seguridad Social y en función de la situación podría tomar dos caminos. En el mejor de los casos, si no hay un mayor envejecimiento que obligue a aumentar el gasto, la recaudación para el fondo de reserva se utilizaría para reducir las cotizaciones o subir las pensiones.
Pero en cambio, si se produce una desviación de la previsión del gasto en pensiones, la recaudación del fondo de reserva se destinará a cubrir ese aumento. Por lo tanto, el aumento de las cotizaciones en 2023 servirá, en el peor de los casos, para hacer frente a una subida del gasto sin disminuir la cuantía de las pensiones.
¿Cuánto recaudará el Gobierno?
Con la subida de las cotizaciones, el Gobierno calcula llenar la hucha de la Seguridad Social hasta los 50.000 millones de euros. En su apogeo llegó a tener 67.000 millones, pero con la crisis económica se vació hasta los 2.000 millones de euros que hay ahora. Esto pone en riesgo el sistema público de pensiones.
Para evitar una quiebra, Gobierno y sindicatos han acordado aumentar las cotizaciones de los trabajadores y las empresas. La propuesta no ha obtenido el respaldo de la patronal, que se ha desmarcado al considerarla “insuficiente”. Advierten que la medida no garantiza la supervivencia del sistema, y que necesitará medidas adicionales.
¿Buena o mala noticia?
La oposición ya ha reaccionado al aumento de las cotizaciones, y el más duro ha sido el PP al definirlo como “un impuesto al empleo”. Han advertido que los trabajadores van a tener menos renta disponible en sus nóminas. Además, consideran que es una mala noticia para la estabilidad económica del país.
Los contrarios a la propuesta del Gobierno advierten que la medida supondrá una reacción en cadena. Dicen que afectará negativamente a la contratación y a la creación del empleo. Creen que la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores hará que se consuma menos y se agrave la crisis económica.
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