Durante la crisis del coronavirus muchos de los sanitarios que han desarrollado sus funciones lo han hecho sin las medidas de protección adecuadas, y ahora así lo han denunciado ante los tribunales para reivindicar sus derechos. El principal factor ha sido la escasez de material con el que han tenido que hacer frente a la pandemia mundial más grande que se recuerda en los últimos años y lo cierto es que varias sentencias empiezan a dar la razón a los sanitarios.
Las sentencias se encuentran en fallos realizados por los juzgados sociales de Teruel y Huesca y la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco. De hecho, han coincidido que los sanitarios han trabajado sin las condiciones adecuadas como para protegerse del virus, con lo que han arriesgado sus vidas y la de los pacientes. La condena, además, insta a los gobiernos regionales a proporcionar material suficiente en caso de que exista una situación similar.
El pasado 3 de junio, tal y como apunta el medio ‘Eldiario.es’, la magistrada Elena Alcalde del Juzgado de los Social de Teruel sentenció que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, la Diputación General de Aragón y el Servicio Aragonés de Salud habían vulnerado los derechos de prevención de riesgos de funcionarios, personal estatutario y personal laboral «poniendo en riesgo grave su vida, integridad física y salud, y lesionando su derecho a la integridad física y a la protección de la salud». Una sentencia muy parecida fue la que manifestó Eduardo José Bernués Mateos, del Juzgado de lo Social en Huesca.
La magistrada Alcalde señala en su fallo que parte de la culpa la tiene el Gobierno aragonés, ya que no realizaron el suficiente acopio de material pese a la advertencias que se habían realizado por parte de organismos: «La imprevisibilidad que aducen las —administraciones— demandadas resulta desvirtuada en atención a los numerosos avisos y recomendaciones de la OMS, desde enero de 2020, y acrecentados en febrero de 2020, y asimismo, con los propios informes del Gobierno desde el 23 de enero de 2020, de los que se desprenden que conocían esos datos de la OMS, y por tanto, podían prever la forma de propagación del virus entre personas».
En Andalucía se ha archivado la demanda
Pese a estas sentencias que sí que han fallado en favor de los sanitarios, en otros puntos del país las denuncias no han prosperado. Es el caso de Andalucía, ya que la demanda impulsada por el Consejo autonómico de Diplomados de Enfermería contra el consejero de Sanidad fue archivada el pasado 16 de junio, tal y como apunta el citado medio.
Según los magistrados del TSJA, la comunidad no tiene toda la responsabilidad y señalan que: «Las invocadas insuficiencias estructurales del sistema público de salud en Andalucía no pueden imputarse, ni a título de dolo ni al de imprudencia, al actual Consejero de Salud». Añaden que sobre la «insuficiencia o falta de prontitud en la adquisición» de material preventivo «fue un fenómeno generalizado en toda España», por lo que «no puede invocarse como indicio, ni siquiera preliminar, de una conducta incumplidora del consejero».
Demandas en Valencia y Madrid
Esta situación también ha sido demandada por parte del colectivo sanitario valenciano, que pretenden sentar en el banquillo a altos cargos de la Conselleria de Sanidad.
En estos momentos la demanda se encuentra siendo estudiada por el TSJV, ya que entre los demandados se encuentra Ana Barceló, consellera de Sanidad, que es aforada, por lo que debe ser juzgada por dicho tribunal, según ‘Las Provincias’.
El sindicato AMYTS de Madrid también ha denunciado al Ministerio de Sanidad ante el Tribunal Supremo y a la Consejería de Sanidad ante el TSJM. Según fuentes del colectivo, las dos querellas siguen «su curso».
Elevado índice de contagio de los sanitarios y reutilización de material
Entre las quejas y los factores que se denuncian están el elevado índice de contagios de personal sanitario durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus en España. Tratan de demostrar que ha sido un peligro el desarrollo de sus funciones «por ser probable racionalmente que sus efectos se materialicen en un futuro y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores, aunque no se manifieste de forma inmediata», han manifestado magistrados vascos en la sentencia emitida el 1 de julio.
A su vez, desde los tribunales de Huesca se expone que «se ha materializado en un alto índice de contagios entre el personal sanitario, con mayor incidencia que el resto de la población».
De hecho, según los datos aportados por el Ministerio de Sanidad, el 13.6% de los contagios de coronavirus en España se han dado en personal sanitario. «El riesgo al que se enfrentan los sanitarios, no es baladí, sino que es un riesgo grave en atención a que puede provocar importantes afecciones llegando incluso al fallecimiento», exponen desde el juzgado de Teruel. Y añaden que: «La normativa de prevención de riesgos laborales impone la obligación legal a la Administración, como empleadora, de proteger a los trabajadores, lo que conlleva necesariamente también la obligación de dotarles de los medios preventivos».
A causa de la falta de material de protección, desde el Servicio Vasco de Salud dio a sus trabajadores «instrucciones de uso, reutilización y lavado» de batas y mascarillas, cosa que estaba totalmente desaconsejada, como así indican los fabricantes de dichos materiales. Así, los magistrados concluyen que «dejaron de lado las recomendaciones de uso señaladas por los fabricantes que advertían el riesgo potencial de infecciones para el paciente y para el usuario que conllevaba su reutilización o uso inadecuado».