Son tiempos convulsos para todos. Desde que llegó el coronavirus a España su fiereza se ha cobrado miles de vidas. Este virus ha golpeado con fuerza especialmente a las personas mayores, uno de los grupos poblacionales más vulnerables.
Si ha habido lugares donde el virus ha hecho mella en los últimos meses, esos han sido las residencias de mayores. Ante el reguero de muertes a mediados de marzo, muchos allegados de personas ancianas decidieron llevárselos a casa por miedo a que pudiesen contagiarse. Dejarlos allí era exponerlos a un alto riesgo de fallecimiento.
Sin embargo, pasados varios meses y finalizado el estado de alarma, en la Comunidad de Madrid les han puesto fecha para que ingresen de nuevo. Si no lo hacen dentro de los plazos indicados, los mayores podrían perder la plaza en las residencias públicas en favor de otras personas que se encuentren en la lista de espera.
La normativa señala que estas personas deben ingresar en el plazo de 45 días, que comenzó el pasado 6 de julio. Los familiares tienen hasta el próximo 20 de agosto para llevar a sus allegados a los centros si no quieren perder su plaza.
Más de 300 mayores salieron durante la pandemia
Durante los meses de marzo, abril y mayo un total de 315 personas mayores abandonaron las residencias, según cifras de la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de Madrid. Ahora estos familiares que se llevaros a casa a sus allegados denuncian las llamadas que están recibiendo para que lleven a los ancianos a sus centros.
Según una portavoz de la Asociación por los Derechos de los Mayores y sus familiares, Adefam, familiares que decidieron «salvar a sus padres, madres o abuelos» de los geriátricos por miedo a que allí murieran han estado recibiendo llamadas «realmente preocupantes y angustiosas» de las residencias para que reingresen los usuarios.
Lo cierto es que los datos de mortalidad en las residencias han sido muy elevados. Desde el 9 de marzo hasta el 26 de junio, 8.234 residentes murieron, de ellos se estima que 5.950 por coronavirus.
Adefam considera «un despropósito» que les amenacen con perder una plaza concedida tras muchos años de espera. «Un despropósito más, como todo lo que está pasando con las personas mayores y dependientes», se quejan.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad advierten de que la norma de los 45 días se implantó en 1994 con el objetivo de que personas que se encuentren en lista de espera puedan acceder a una plaza pública.
La Fiscalía ha abierto en la última semana tres investigaciones penales, dos de ellas en la región de Madrid, por la situación de caos creada en varias residencias de mayores a causa del coronavirus.