Entre las muchas teorías sobre cómo será la convivencia con el Coronavirus hasta que no se encuentre un remedio eficaz o una vacuna, gana peso la hipótesis de una segunda oleada, más pronto que tarde, con pequeños focos de contagios y menos agresiva que el primer brote. En este escenario trabaja el Gobierno, y en base a él prepara una nueva «escalada».
Porque si hasta ahora se trataba de «desescalar», o sea, ir desmantelando poco a poco las restricciones hasta la desactivación total del estado de alarma, con la entrada en la «nueva normalidad» a partir de este domingo 21 de junio, Sanidad prepara un plan con nuevas medidas de confinamiento para aplicar si hay un rebrote.
Claro que, si el rebrote que se espera no es igual que la primera oleada de marzo y abril, las medidas tampoco pueden ser las mismas, y por eso el plan previsto por el ministerio de Sanidad incluye una nueva modalidad de confinamiento adaptado a la situación.
En la última reunión del comité técnico para la desescalada, el órgano que preside Pedro Sánchez, se acordó tener todos los escenarios previstos y preparar un plan con todas las opciones, de menos a más dura. Ahora, el equipo que dirige Salvador Illa se encargará de dotar el plan de medidas concretas.
El primer reto al que se enfrentan en esta nueva fase de la epidemia es la entrada de turistas de terceros países el próximo 1 de julio, por lo que el Gobierno ya ha pedido a la Unión Europea que la situación epidemiológica del país de origen sea igual o mejor a la del bloque comunitario y reducir así cualquier riesgo de importación de nuevos casos.
De momento, los rebrotes en el país vecino, Portugal, que han obligado a retrasar la entrada de turistas, y los rebrotes en China, Alemania e Italia, reafirman la tesis del ministerio de Sanidad avanzada por Salvador Illa a principios de esta semana: la segunda oleada no tiene porque ser en octubre o noviembre, y hay que prepararse para su llegada mucho antes de lo previsto.
El otro gran reto al que se enfrenta el Gobierno es cómo organizar la vigilancia y el control sin el instrumento del estado de alarma, y una de las cosas que más preocupa es que se produzcan brotes en simultáneos en varias comunidades autónomas-
Una vez decaiga el estado de alarma, el ministerio pierde el mando único y las competencias vuelven a las comunidades autónomas, y aunque el decreto de ley de la nueva normalidad refuerza el papel coordinador de Sanidad, el Gobierno central pierde una de las principales ventajas hasta ahora: el poder para restringir la libertad de circulación.
Podría volver el estado de alarma
Hasta ahora se han producido pequeños rebrotes rápidamente localizados y controlados, pero si la cosas se complica por una nueva transmisión comunitaria del virus, el Gobierno puede recurrir a confinamientos puntuales y focalizados a través de la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que permite a las autoridades sanitarias adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control.
Además, esta ley permite a las autoridades sanitarias «ordenar las iniciativas oportunas para el control de los enfermos, de sus contactos, y del medio ambiente inmediato, y las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisibles». En todo caso, el confinamiento tiene que ser ratificado por un juez.
El ejemplo está en los confinamientos localizados, antes del estado de alarma, en la Conca de Ódena (Barcelona) y en un hotel de Adeje (Tenerife). El Gobierno ya ha advertido de que la reclusión general de la población sólo es posible con el estado de alarma, reconocido en el artículo 116 de la Constitución, y no descartan volverlo a utilizar si es necesario.
Así, en el plan que prepara Sanidad se contempla también el confinamiento generalizado para el escenario más extremo, aunque explora otras alternativas legales. «Si el rebrote puede enfrentarse sin necesidad de confinamientos indeterminados, podría valor con la ley de medidas especiales con intervención judicial posterior», ha dicho Salvador Illa.
En su comparecencia en la comisión parlamentaria este jueves, Illa ha puntualizado que es necesario reforzar la vigilancia y dimensionar y dotar de forma adecuada los equipos de profesionales en todos los niveles administrativos, es decir, no recortar plantillas: «aumentar la adaptabilidad y la rapidez de la respuesta del sistema».