España ha iniciado ya la cuenta atrás para poner el punto y final al estado de alarma. Fue en octubre cuando el Gobierno decidió aprobar esta medida por un periodo de seis meses, algo que apoyó la mayoría del Congreso de los Diputados a fin y efecto de dotar a las comunidades autónomas del amparo político suficiente para poder aplicar medidas tales como el toque de queda, las restricciones de movilidad —por municipios, provincias u otras unidades territoriales— o los cierres perimetrales de sus territorios. Un estado de alarma que llegará a su fin cuando sean las 00.00 horas del próximo domingo, 9 de mayo.
Madrid estudia restricciones
Si no se producen novedades al respecto durante esta semana, a esa misma hora quedará suspendido el toque de queda o cualquier otra limitación de movilidad en las comunidades autónomas que se sustente en el estado de alarma. Lo cierto es que la situación de la pandemia en España ha mejorado de forma sustancial en las últimas semanas, con una incidencia mucho menor que la que registraba durante el punto más álgido del pasado invierno. La llegada de vacunas y su aplicación, priorizada en los colectivos y las edades más vulnerables, está surgiendo, sin duda, el efecto deseado.
Claro está que a la mayoría de la sociedad española le gustaría avanzar todavía más rápido en el ritmo de vacunación. Sobre ello, el Gobierno de Pedro Sánchez insiste que en el mes de mayo se va a notar un incremento en el número de dosis que van a llegar a nuestro país, algo que va a acarrear una aceleración del ritmo de vacunación. Poco a poco, España, Europa y el mundo van a ir venciendo el coronavirus. Y aunque la situación ha mejorado de forma clara, es evidente que el riesgo de que se produzca una nueva tendencia al alza en la enfermedad sigue existiendo.
Es por ello que ya son varias las comunidades autónomas que han mostrado una cierta preocupación sobre qué va a ocurrir a partir del próximo domingo, cuando decaiga el estado de alarma. ¿Van a poder seguir aplicando medidas restrictivas o, por el contrario, van a estar atados de pies y manos en este sentido? Varios dirigentes autonómicos ya han expresado la necesidad de dotarse de instrumentos jurídicos que les permitan aplicar restricciones para evitar crecimientos abruptos en la evolución de la pandemia en sus territorios. Y en este sentido, la Comunidad de Madrid no es una excepción.
Tres medidas que Ayuso quiere conservar tras el 9 de mayo
El gobierno regional en funciones —cabe recordar que el próximo martes los madrileños eligirán en las urnas la nueva Asamblea de Madrid— lo tiene claro. Ayuso y su ejecutivo quieren prorrogar al menos dos restricciones que consideran fundamentales para controlar la pandemia: se trata del toque de queda y la prohibición de las reuniones de no-convivientes en domicilios. Ambas medidas son complejas jurídicamente, ya que vulneran derechos fundamentales como el de la libre movilidad, reunión y circulación, de forma que son de difícil aplicación sin el estado de alarma vigente.
Pero la Comunidad de Madrid ya tiene clara la vía que va a usar para, como mínimo, intentar conservar estas restricciones: acudirá al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM) para obtener un aval judicial que le permita aplicar dichas restricciones. A su vez, se espera que el gobierno en funciones de Ayuso intente también obtener el beneplácito judicial al confinamiento por áreas básicas de salud que la Comunidad está usando desde hace meses. Así pues, Madrid ya prepara las restricciones posteriores al estado de alarma con estas tres medidas como pilares fundamentales. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM tendrá la última palabra.